La labor del juez de ejecución en Cuba es una de las formas más humanas de expresar la inmensidad de la obra revolucionaria, expresó este lunes Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), al intervenir en el XI Taller nacional del sistema de control, influencia y atención hacia las personas que extinguen sanciones en libertad, que tiene lugar en la capital.
Destacó que el sentido humanista de la Revolución, que apuesta por la justicia, la utilidad de la virtud, el mejoramiento humano y la igualdad de oportunidades, se manifiestan de múltiples formas y una de sus expresiones más sensibles y nobles se materializan en la labor de prevención de las conductas delictivas y en el empleo de las sanciones alternativas a la privación de libertad.
Bajo la premisa de no excluir ni rechazar a nadie, sino de apostar por los sentimientos y valores, de influir positivamente en el ser humano, transformarlo, y poner todas sus capacidades en beneficio propio y de la sociedad; se implementa en Cuba hace 21 años un sistema para coordinar e integrar las acciones de control, influencia y atención a las personas que cumplen sanciones o medidas penales, que no implican internamiento o encierro en establecimientos penitenciarios, dijo.
En este sentido, añadió, los órganos judiciales coordinan, cada 2 años, la realización de talleres, para evaluar sistemáticamente la eficacia de esta actividad de control, aunque en esta ocasión se ha extendido a cuatro años, debido a la pandemia de la COVID-19.
Remigio Ferro refirió que de este modo, se asegura el perfeccionamiento continuo de este sistema, que ha demostrado su utilidad y necesidad como una herramienta indispensable en la aplicación de la política de prevención y enfrentamiento a las actividades delictivas y antisociales, en las condiciones de nuestra sociedad socialista.
En un contexto de transformaciones económicas, políticas y legales, al amparo de la Constitución de la República, proclamada en 2019, y de la reforma judicial acontecida en el país, se realiza este importante encuentro, acotó.
El Presidente del TSP hizo énfasis en la importancia de este sistema en la prevención, en la educación, fundamental para lograr cambios y en el tratamiento de este segmento poblacional, ya que se trata de personas en situaciones de vulnerabilidad.
Igualmente, se refirió a la actuación concertada entre cada uno de los intervinientes en esta labor para lograr los resultados esperados, a la interacción directa con los sancionados y a la individualización de cada caso.
Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del TSP, al intervenir en el Taller, abordó el impacto de las nuevas leyes, más abarcadoras en cuanto a derechos y garantías de las personas, en el referido sistema.
En la jornada, el encuentro sesionó en tres comisiones de trabajo: la primera se refirió al tema del empleo y el estudio como forma de cumplimiento de las sanciones alternativas y beneficios de excarcelación anticipada, y la segunda trató las acciones de control, influencia y atención de todos los intervinientes en la actividad, así como la planificación de estrategias de seguimiento atemperadas a cada caso.
La tercera analizó las relaciones de trabajo entre las salas de incidentes con el juez de ejecución, y las instituciones, organismos y organizaciones implicadas en el sistema de control al sancionado.
Entre los principales aspectos abordados en las comisiones, resaltan el dominio de la nueva legislación penal de los actores que intervienen en esta actividad, el papel de las organizaciones de masa en el barrio, de los consejos populares y de las administraciones en el control de los sancionados.
También se examinó la superación de los jueces de ejecución y asistentes judiciales, hasta lograr, incluso, la especialización y, asimismo, realizar acciones de capacitación con el personal de las salas de incidentes, pues de la ejecución de sentencias emerge un nicho fecundo de investigaciones científicas, al cual se le debe prestar atención.
Los debates emanados de este Taller contribuirán a fortalecer nuestro Estado socialista de Derecho y justicia social, donde no se excluye a nadie, sino todo el mundo cuenta.
Se encontraban presentes, además, Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, el General de Brigada Oscar Callejas Valcárcel, jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, el Primer Coronel Osmani Leyva Ávila, segundo jefe de la Dirección Nacional de Establecimientos Penitenciarios, y Lilian González Rodríguez, subdirectora de organización y atención a los órganos locales, perteneciente al Consejo de Ministros.
También participaron miembros del Consejo de Gobierno del TSP; representantes de organismos, instituciones y organizaciones de masas vinculados a la actividad de control, influencia y atención hacia las personas que extinguen sanciones en libertad, así como presidentes y vicepresidentes de tribunales provinciales populares, presidentes de tribunales municipales populares, jueces y asistentes judiciales, vinculados a dicha actividad, y otros invitados.
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