El día de ayer 4 de enero, la justicia británica dictaminó que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, no podía ser extraditado a Estados Unidos por obtener y publicar documentos secretos del gobierno estadounidense en 2010.
La jueza de distrito Vanessa Baraitser considera que el estado psicológico del denunciante es incompatible con la extradición.
Sin embargo, tras la presentación de los principales elementos de su sentencia, la jueza comenzó por desmantelar la defensa del equipo legal de Julian Assange. De hecho, Baraistser inicialmente rechazó la mayoría de los argumentos presentados por la defensa del fundador de WikiLeaks. Sin embargo, fue mucho más receptiva a los argumentos relacionados con su estado de salud.
Durante la audiencia, varios profesionales que examinaron a Julian Assange habían detectado grandes debilidades psicológicas y concluyeron que padecía en particular una depresión severa, en particular por haber planeado su suicidio en prisión. Por lo tanto, afirmó que la libertad de expresión no impedía la extradición del australiano.
Desde la primavera de 2019, Julian Assange está encarcelado en la prisión de Belmarsh, Londres, donde se le considera un preso en riesgo de suicidio. «Estoy convencida de que el riesgo de que el señor Assange se suicide es significativo», dijo ayer la jueza.
Adoptando los hallazgos del experto médico, el profesor Michael Kopelman, profesor emérito de neuropsiquiatría en el King’s College de Londres, el juez Baraitser continuó: “Basado en toda la información que tiene, cree que Julian corre el riesgo de suicidio Assange está muy alto si su extradición es inminente. Fue una opinión bien informada, cuidadosamente respaldada por pruebas y explicada en dos informes detallados ”.
WikiLeaks publicó, entre otras cosas, un cuarto de millón de cartas diplomáticas estadounidenses en texto claro. Se ha alegado repetidamente que estos contenían los nombres sin censura de espías e informantes estadounidenses en países hostiles, y que se hizo algún esfuerzo para advertir a los Estados Unidos antes de su publicación.
El gobierno de los Estados Unidos apelará la sentencia, lo que significa que el caso irá al Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Los argumentos legales probablemente girarán en torno a las condiciones de detención en los Estados Unidos, tanto antes como después del juicio. Julian Assange enfrenta una sentencia de prisión de 170 años en los Estados Unidos.
Aparte de la posesión y publicación de documentos confidenciales, también se le acusa de piratería por haber ayudado a su fuente a obtener documentos. La fiscalía estadounidense también acusa a Julian Assange de haber puesto en peligro a ciertos informantes del ejército estadounidense al revelar su identidad, lo que el australiano y su equipo han negado.
En el centro de las acusaciones estadounidenses está la actividad de WikiLeaks en 2010 y 2011, cuando la organización publicó documentos secretos que arrojan luz sobre las actividades del ejército estadounidense en Irak, en Afganistán, pero también piezas de la prisión de Guantánamo o incluso decenas de miles de telegramas diplomáticos.
Y es que tras el fallo, varios políticos y organizaciones acogieron con satisfacción la noticia, aunque algunos expresaron consternación porque el fallo se dictó por motivos de salud:
- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que había dado instrucciones a su canciller de ofrecer asilo político a Julian Assange, quien «es periodista y merece una oportunidad»;
- El exlíder laborista del Reino Unido, Jeremy Corbyn, calificó la medida de «buenas noticias», pero dijo que era «alarmante que el juez aceptara los argumentos del gobierno de Estados Unidos que amenazan la libertad de expresión y la libertad de publicación».
- Amnistía Internacional acogió con agrado la medida, pero criticó al Reino Unido por «* participar en este proceso con motivaciones políticas a instancias de Estados Unidos y cuestionar la libertad de los medios de comunicación y la libertad de los medios de comunicación».
Las autoridades estadounidenses tienen 14 días a partir de la fecha de la sentencia para apelar. Mientras tanto, después de que se anunció la decisión, Assange regresó a prisión: sus abogados ahora deben presentar una solicitud de fianza, que será considerada el miércoles.
Fuente: https://www.theguardian.com