¡No más acoso sexual en la U! La petición de un juez al gobierno colombiano

Artículo publicado por VICE Colombia.

El 17 de agosto del año pasado Mónica Godoy, hasta entonces profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ibagué, recibió una carta de esa institución en la que le notificaban que había sido despedida sin justa causa. Casi una semana después de eso, VICE Colombia, como parte de su especial llamado "Acoso Sexual en la U" (en el que exploró las realidades de cuatro universidades de Colombia), habló con la docente, quien aseguró que su despido muy probablemente tenía que ver con el acompañamiento que había hecho a varios casos de ese fenómeno en dicha universidad.

Según lo que le contó Mónica Godoy a VICE, antes de su despido ella había estado acompañando a varias vigilantes de la institución, víctimas todas de hostigamientos e incluso de actos sexuales violentos por parte de algunos de sus compañeros. Además, contó Mónica, supo del caso de una estudiante que había sido presuntamente abusada por un profesor de esa institución. Sin embargo, un cambio en la dirección de la Universidad de Ibagué le dio un vuelco a la forma en que se estaba tratando el tema y pronto la universidad dejó de responder los correos de Mónica y empezó a despedir a víctimas y a presuntos victimarios por igual. Eventualmente la misma Mónica fue una de las personas que salió en la ola de despidos. Paradójicamente, tuvo que dejar la institución el mismo día en que fue despedido el profesor acusado de abuso.

El 10 de julio de 2018, casi un año después de eso, Mónica Godoy fue la protagonista de un fallo de la Corte Constitucional que obliga a la Universidad de Ibagué a reintegrar a la docente y a pagar todos los sueldos y prestaciones sociales que dejó de recibir desde su despido. El fallo es la respuesta a una tutela que Mónica antepuso en septiembre y en la que afirmaba que a pesar de dar la apariencia de ser un despido legal era una violación a su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de consciencia.

"Era un despido injusto y arbitrario porque violaba el principio de la no discriminación. Era una expresión del impedimento del deber ciudadano, de la solidaridad social y una expresión de la persecución por razones políticas e ideológicas", le dijo Mónica a VICE un día antes de viajar a Ibagué para retomar conversaciones con la universidad.

Pero el fallo no llega hasta ahí. La sentencia de la Corte, además de considerar el caso puntual de Mónica Godoy, se pronunció de manera general sobre la problemática del acoso y la violencia sexual en las universidades y sobre la manera en que esas instituciones deberían actuar. La Corte, además de pedirle específicamente a la Universidad de Ibagué que diseñe protocolos de atención a víctimas de violencia sexual, le solicitó al Ministerio de Educación que establezca lineamientos sobre las obligaciones de las universidades en casos de violencia sexual y de género. La sentencia también deja claro que ese Ministerio debería fijar los estándares que regulen el tipo de atención que las víctimas de ese tipo de violencia deberían recibir al interior de las instituciones de educación superior.

En resumen, parece que esta sentencia es la herramienta que los colectivos de estudiantes y las profesoras que han denunciado el acoso sexual en las universidades estaban esperando: un mandato oficial y estatal que le exige a las instituciones tomar acción: proteger a las víctimas, atenderlas, prevenir la violencia y sancionar a los responsables. Esta parecería ser por fin la respuesta a una larga incertidumbre y silencio por parte del Estado que, en septiembre pasado, a través de un funcionario del Ministerio de Educación, se había comprometido a publicar unos lineamientos similares a los que hoy pide el fallo de la Corte, para atender y prevenir la violencia sexual en las universidades.

Mónica Godoy, seguramente con la experiencia de estar inmersa en una problemática a la que el Gobierno y las universidades son deliberadamente sordos, no se muestra tan optimista al respecto. Si bien reconoce la importancia y el valor del fallo, piensa que aún queda mucho trabajo y que la sentencia, así como está, no es garantía de mucho.

"Por supuesto que (el fallo) es una herramienta, pero tenemos que hacer que funcione en la práctica. Tenemos la herramienta jurídica pero depende de la movilización social y de la presión política de los grupos estudiantiles y de profesoras comprometidas con el tema lo que se logre en cada una de las universidades. De eso depende que el fallo se utilice para presionar tanto a las directivas de las instituciones como al Ministerio de Educación y que se cumpla", asegura Mónica.

Por el momento, lo que sí parece más seguro es que en el caso personal de Mónica Godoy las cosas parecen haberse resuelto, y ella, por el momento, se siente satisfecha con la respuesta de la Corte. No obstante, este no es para el fin de la conversación para ella. Según le contó a VICE, varias de las víctimas que acompañó antes de su despido presentaron demandas penales ante la Fiscalía y una de ellas iniciará el proceso de imputación de cargos la próxima semana. Para Mónica, acompañar a estas víctimas en esos procesos penales es parte de una batalla que no ha terminado.

"Sabemos que (el fallo) no es un triunfo definitivo sino que es la primera victoria de muchas otras para exigir nuestros derechos", aseguró Mónica.