Servicio de Inmigración de EU redobla trato brutal hacia mujeres embarazadas en detención

En septiembre pasado, un grupo de siete organizaciones de asistencia presentó una queja contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Las acusaciones que describió eran inquietantes: que ICE había estado "fallando en cumplir sus propias políticas" al mantener a mujeres embarazadas encerradas en instalaciones notoriamente repugnantes cuando deberían haber sido liberadas bajo libertad condicional, poniendo su salud en grave riesgo.

La denuncia, que fue redactada por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Consejo Americano de Inmigración y la Comisión de Mujeres Refugiadas, mencionó a 10 mujeres que permanecen en el anonimato, las cuales dijeron haber sufrido una negligencia pasmosa estando embarazadas y en detención bajo la custodia de ICE. Una de las mujeres afirmó que ICE sólo le dio ibuprofeno para tratar el dolor y el sangrado debilitante que padeció después de sufrir un aborto a los cuatro meses de embarazo. Otra experimentó el deterioro de su salud mental durante los seis meses que ICE la tuvo en detención estando embarazada de su violador. Otra mujer, detenida por ICE con 12 semanas de embarazo, fue trasladada de un centro de detención a otro no menos de seis veces en tres meses, uno de esos traslados fue un viaje redondo de 23 horas en autobús, después del cual tuvo que ser hospitalizada por agotamiento y deshidratación.

La cobertura de la prensa y los informes adicionales de las organizaciones de asistencia documentaron además el maltrato aparentemente rutinario que las mujeres embarazadas sufren estando bajo el cuidado de ICE. Por ejemplo, al parecer una mujer en Tacoma, Washington, sangró durante más de una hora mientras esperaba atención médica en un centro de detención de ICE, y eventualmente sufrió un abortó. Un informe de la Comisión de Mujeres Refugiadas afirmó que estar en detención con ICE era tan insoportable para algunas solicitantes de asilo embarazadas que finalmente decidían renunciar a sus casos de asilo y aceptar la deportación por temor a perder a sus bebés.

En respuesta a la denuncia, ICE sugirió en repetidas ocasiones que todo era normal. A pesar de los informes de que la agencia había detenido 35% más mujeres embarazadas durante los primeros cuatro meses de 2017 que en los primeros cuatro meses de 2016, y a pesar de los cuestionamientos sobre las 535 mujeres embarazadas detenidas en el año fiscal 2017, los portavoces de ICE aseguraron que los oficiales seguían las pautas establecidas en un memorando de agosto de 2016, que indica que deben negarle la libertad condicional a las mujeres embarazadas excepto "en circunstancias extremas".

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Sin embargo, la semana pasada, ICE anunció un cambio en esas pautas: con respecto a la libertad bajo palabra, las mujeres embarazadas ahora serán tratadas como cualquier otro detenido de ICE. El cambio se llevó a acabo inicialmente en un memorando escrito por el director en funciones de ICE, Thomas Homan, en diciembre, pero a la dependencia le tomó más de tres meses enviarlo al Congreso y hacerlo oficial públicamente.

Esta noticia no debe sorprenderle a nadie que haya prestado atención a la difícil situación de los inmigrantes durante el año pasado. Desde que Trump emitió sus infames órdenes ejecutivas inmigratorias una semana después de su toma de posesión, en las cuales instruyó a las agencias de seguridad a, entre otras cosas, "garantizar la detención de extranjeros aprehendidos por violaciones a la ley de inmigración", ICE ha estado operando con un enfoque que se concentra en detener a la mayor cantidad de gente posible.

En una conferencia telefónica para los periodistas que publicarían esta nueva política, un importante funcionario de ICE advirtió: "Calificar erróneamente esto como algún tipo de cambio radical o cambio draconiano es inadecuado. Estamos alineando esta política, como todas nuestras políticas, con las órdenes ejecutivas del presidente".

De hecho, tiene razón: este cambio de política no es un gran cambio para ICE. Las organizaciones de asistencia sin fines de lucro y la prensa ya mostraron evidencia sustancial de que las mujeres embarazadas no estaban siendo liberadas bajo palabra, como debería haber sido. "Alinear esta política" es un intento superfluo de legitimar una práctica que ya ha demostrado tener consecuencias desastrosas.

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Desde enero pasado, ICE ha aprovechado la vaguedad de las pautas de seguridad vigentes para adherirse por completo a la vehemencia de la administración Trump por acorralar a los inmigrantes, considerando que es ideal para poder encarcelar a mujeres embarazadas; enfermos; solicitantes de asilo, aun cuando técnicamente no hayan violado ninguna ley; gente sin antecedentes criminales y residentes legales con nada más que delitos menores; refugiados, incluso cuando sus países de origen no son seguros, e incluso cuando los gobiernos de sus países de origen se niegan a recibirlos; y más. Todo bajo el pretexto de garantizar "la seguridad pública del pueblo estadounidense".

ICE fue establecido en 2003 sobre la base de una misión intrínsecamente cruel. "Mantener la seguridad de los Estados Unidos", la directiva original de la agencia vio el plan llamado "endgame"como un medio para "eliminar al 100 por ciento de todos los extranjeros deportables". Aunque esa misión se atenuó con el tiempo (quizás en menor grado de lo que la gente podría pensar), parece como si, bajo el mandato de Trump, ICE buscara constantemente volver a darle fuerza aumentando su propia perversidad, y con opacidad deliberada.

Olvida la nube discursiva y los memos de los jefes de prensa: ICE ahora tiene permiso oficial (con membrete de la Casa Blanca) para adoptar el enfoque categórico para el que fue concebido. Despidámonos de la indulgencia de proteger a los solicitantes de asilo. También de la indulgencia para quienes hayan cometido delitos menores. Debemos despedirnos de la fachada de las prioridades de seguridad. Bajo la administración de Trump, solo hay "criminales" deportables que violaron las leyes de los Estados Unidos.

Como hemos visto con las mujeres embarazadas, el estatus perverso que ICE ha retomado puede tener serias consecuencias humanitarias. En los sobrepoblados centros de detención privados, las personas mueren por causas prevenibles. Cuando el debido proceso para los inmigrantes se convierte en algo opcional, las personas son expulsadas y puestas así en grave peligro. Cuando las mujeres embarazadas son tratadas como cualquier otro detenido, ocurren abortos involuntarios.

Esta es la naturaleza del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos bajo la administración de Trump. Así que mientras la agencia exista, Trump esté en el poder y sus órdenes ejecutivas estén vigentes, las cosas solo empeorarán.