Durante la pandemia de coronavirus, el uso de tecnología se volvió esencial para algunas personas: trabajar, estudiar o entretenerse. Sin embargo, autoridades federales estimaron un incremento en los delitos informáticos durante este periodo, por ello el Estado debe garantizar tales derechos, coincidieron expertos en la materia.
Aunque la Dirección General Científica de la Guardia Nacional calculó una disminución del 12% en la actividad maliciosa en internet durante el periodo de diciembre de 2019 a febrero del 2020, esta cifra incrementó un 14% durante los meses de marzo y abril, periodo correspondiente a la emergencia sanitaria.
En ese sentido, el gobierno federal cuenta con la responsabilidad de contar con mecanismo de combate y prevención a este tipo de delitos, explicó el director Ejecutivo de la R3D, Luis Fernando García
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Sin embargo, para atender esta problemática se necesitan acciones con enfoque en los derechos humanos y la participación de todos los actores sociales: el gobierno, la policía, el sector privado y la sociedad civil, abundó el experto en tecnología.
Lo anterior, para dotar la población en general de herramientas y habilidades con las que puedan protegerse de las amenazas existentes en la web, detalló en una mesa de diálogo virtual organizada por la organización Causa en Común.
En una emergencia sanitaria como esta, donde las personas buscan términos como covid-19 o pandemia en internet, los delincuentes aprovechan estos temas de interés para realizar estafas, lo cual se agrava con el analbafebistmo cibernético de la gente, señaló el fundador de la empresa MaTTica, Andrés Velázquez.
Para atender de manera legal y judicial esta situación, se debe castigar la conducta y no el medio por donde se realiza, puesto que el problema no es la tecnología sino cómo es utilizada, remarcó.
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No se le debería considerar ciberdelito a estas acciones criminales, sino como delito siempre y cuando esté tipificado en la ley. Además, se requiere una coordinación con leyes y acuerdos internacionales en la materia para mejorar la investigación y persecución de este tipo de hechos, aclaró el también presidente de la compañia de ciberseguridad.
Para mejorar el marco jurídico en este tema, se requiere apoyar a las entidades de investigación preventiva en las fiscalías, para así entender cómo presentar pruebas de estas conductas; al igual que fomentar la denuncia, la cooperación internacional y la implementación de una estrategia nacional de ciberseguridad, apuntó Velázquez.
Para atender la ciberseguridad en México se requiere de un articulación entre autoridades de todos los niveles, para así procurar e impartir justicia a la sociedad, añadió la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera Mitre.
“No bastan los esfuerzos aislados, urge con un sistema nacional dinámico, eficiente y que coordine”.
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También se requiere de un el plan internacional, así como una inversión económica importante para atender el tema, ya que esto no se logrará si el gobierno federal destina pocos recursos a la seguridad, abundó.
Las bases de datos con información pública de las entidades encargadas del tema es relevante, así como cuidar la cadena de custodia de este tipo de delitos, por lo que el gobierno federal debería permitir mayor intervención de la sociedad civil y los empresarios en este asunto para acelerar el proceso, subrayó Morera Mitre.
“La ciberseguridad debe respetar la privacidad y garantizar el derecho a la información”, exhortó.
