Los juristas alertan de excesos policiales en las sanciones por incumplir el confinamiento

"Jesucristo, arrestado por salir de su tumba en pleno confinamiento". 'El Mundo Today' colgaba este domingo en Twitter este chiste sobre las sanciones que las Fuerzas de Seguridad del Estado imponen estos días por incumplir el confinamiento. Pese a reconocer que las multas son necesarias para controlar, en muchos casos, la observancia del encierro obligatorio en los hogares, abogados y juristas han comenzado a denunciar determinados excesos de celo que están dando lugar a situaciones injustas. E incluso directamente ilegales en ocasiones.

Recintos desalojados, multas por comida inadecuada, detenciones por delitos de desobediencia e incluso de odio, advertencias de agentes por el uso de lugares que, sin embargo, no son públicos o por la elección de la residencia donde el ciudadano escoge confinarse. La lista es larga. "La situación es grave y es necesario un comportamiento responsable de los ciudadanos quedándose en casa. Pero la gravedad de la situación no puede justificar algunos de los excesos policiales que se están produciendo estos días. El decreto ley prohíbe lo que prohíbe, y las fuerzas de seguridad se deben atener a eso, no pueden imponer prohibiciones que no están previstas en el texto del decreto", indica el abogado José María de Pablo, uno de los que detectan sanciones que desbordan el marco de lo impuesto por el estado de alarma.

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia Andrés Boix Palop analiza los motivos que originan estos casos de desmesura que están conduciendo a sanciones por situaciones amparadas por el decreto del estado de alarma. Achaca el origen del problema a un doble motivo. "Se genera por el hecho de que se parte de medidas jurídicas mal construidas, mal definidas, con una técnica muy deficiente, tan abiertas que dan pie a una interpretación enorme. También porque los que al final completan los puntos suspensivos de la norma son los miembros de las Fuerzas de Seguridad. Algunos lo harán bien y otros, peor", explica.

Los abogados y expertos consultados se refieren, como ejemplo, a lo sucedido hace unos días en la catedral de Granada. La policía desalojó de allí a 20 feligreses que habían acudido a un oficio religioso organizado el Viernes Santo. Entre ellos, al arzobispo. Al margen de si tiene o no lógica que se permita la celebración de misas en la actual situación, el decreto indica expresamente en su artículo 11 que queda autorizada la asistencia a ceremonias religiosas siempre que se eviten aglomeraciones y se garantice la distancia de al menos un metro entre los fieles. Los agentes desplazados a la catedral interpretaron, sin embargo, que la reunión no podía continuar.

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EFE

Preguntada en rueda de prensa en Moncloa por ese desalojo, la portavoz de la Policía Nacional, María Pilar Allué, no dudó en contradecir lo que establece el BOE: "La normativa vigente no ampara la realización de este tipo de actividades durante el confinamiento, simplemente es un acto que no ampara la legislación".

Hay otras situaciones difíciles de entender. En algunas de ellas se ha producido rectificación y en otras no. En el primer grupo está la selección del tipo de comida que justifica salir del domicilio. Sucedió en Valencia. Otra vez tirando de interpretación, Policía y Guardia Civil elaboraron allí un listado de productos de primera necesidad que avalaban un paseo al súper y otros que no. Impusieron multas en función de este criterio a personas que se dirigían a comprar cosas como crema de cacao o pintaúñas. El Ministerio del Interior indicó, tras conocerse esta lista de lo aceptable, que no se iba a seguir empleando, aunque no aclaró si las sanciones ya impuestas serían levantadas.

También hay circunstancias que van más allá de las sanciones y entran en el terreno de la detención. O el arresto. Cada día, los responsables uniformados del comité de crisis ofrecen una actualización de las cifras. Este domingo, hablaban de 127 detenidos y 9.715 sancionados. Para Boix, estos arrestos son directamente ilegales. En algunos de ellos se imputa a quien rompe el confinamiento delitos imposibles como la desobediencia o el delito de odio. En el primero de los casos, el ilícito no es tal porque, como ha ido estableciendo el Tribunal Supremo en numerosa jurisprudencia, no vale para cometerlo con incumplir una orden de un agente de la autoridad sino que se debe desatender un requerimiento directo y anterior.

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Beatriz Parera

El asunto del odio saltó tras conocerse que la Guardia Civil acusaba de él a una persona que había difundido un vídeo en redes sociales en el que se jactaba de haber viajado desde Madrid para contagiar a los vecinos de Torrevieja. "Visita al #HotelTricornio por presunto delito de odio (...) además, mintió en su mensaje, ya que es residente allí", anunció el Instituto Armado en Twitter. Sin embargo, no hay delito de odio si no se incita contra un colectivo especialmente vulnerable o un grupo racial. "No parece que la policía lo sea", ironiza uno de los expertos consultados.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña Carlos Amoedo Souto lo explica de ese modo en un reciente artículo publicado en la revista jurídica 'El Cronista'. Para él, uno de los principales rasgos del estado de alarma está siendo la "brusquedad y agresividad" de las medidas implantadas para tratar de atajar los contagios. "Del 'wait and see' pasamos sin solución de continuidad al 'fast and furious", indica. "La inseguridad jurídica de los ciudadanos a la hora de discernir cuándo y cómo pueden salir de casa es más que notoria. Las causas de autorización son tan laxas que otorgan a cualquier agente de la autoridad la potestad de decidir si una persona está saliendo legítimamente o no de casa y, por tanto, si puede o no sancionarla", agrega.

Distintos perros con el mismo collar

Para el abogado de Activa T red abogad@s Antonio Segura, la situación no es nueva pero sí lo es el colectivo afectado. "Lo que ocurre es que hasta ahora se sancionaba, por ejemplo con la ley mordaza, mayoritariamente a la gente que se manifestaba por los derechos de todos y todas. Ahora son los que sufren en sus derechos individuales los que lo sienten en sus costillas, y parece que es algo nuevo". La norma, que el actual Ejecutivo quiere derogar, es una de las que están sirviendo como marco para las actuales sanciones.

"No hay una situación de retroceso en los recortes de derechos, ni una represión normativa mayor desde que se proclamó el estado de alarma. Hay una realidad distinta, pero no hay un Estado más totalitario. El Estado es el mismo, su normativa también", explica. Para él, el tema debería centrarse en esa reflexión. "Ahora te sancionan porque había los instrumentos para hacerlo, reprimen tus derechos, pero llevan años reprimiendo y sancionando los de muchos", agrega.

El abogado Endika Zulueta pone el acento en la desigualdad social que implica la ruptura del confinamiento y, con ella, la imposición de sanciones. "El virus afecta a todas las personas por igual, pero el confinamiento en casa afecta de forma diferente a las personas en función de su estrato social. Podríamos decir que el confinamiento es clasista", avisa. Explica que, por ejemplo, Ronaldo puede poner 'quedatencasa' en su perfil desde su parcela de 5.000 metros cuadrados, pero que sin embargo en España hay "cientos de miles de familias que malviven en infraviviendas, y otras tantas en pisos interiores sin luz, la mayor parte de ellas padecen graves conflictos sanitarios y económicos previos, y ahora se encuentran ahogadas por la ansiedad creada por la amenaza de un futuro más que incierto". "Es obvio que la persecución estatal no puede ser la misma que a las personas que van en su coche con destino a su segunda vivienda en la costa", agrega.