“Debes digerir que te quitaron lo que más querías y luego luchar”
Ángela González pleiteó 15 años contra los fallos que propiciaron el asesinato de su hija. Aconseja a Itziar Prats, madre de dos niñas asesinadas, que no se rinda
El 2 de octubre de 2018, una semana después de que el exmarido de Itziar Prats matara a sus dos hijas, Ángela González Carreño le escribió una carta. "Querida Itziar", le decía en la misiva que salió en el diario Público, "solo las mujeres que lo sufrimos entendemos ese miedo, lo identificamos y lo vivimos, cada una a nuestra manera".
González Carreño pleiteó durante 15 años hasta que el Tribunal Supremo le dio la razón y admitió los errores del Estado en su caso y lo condenó a indemnizarla con 600.000 euros. Se hacía eco del dictamen del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que señaló que España no actuó con la diligencia debida para evitar que el exmarido de González Carreño matara a la hija de ambos. Ocurrió en 2003, en una visita permitida por un juez y después de que ella huyera del maltrato que él le infligía y hubiera puesto hasta 48 denuncias intentando alertar del riesgo que corría la menor. A ella, como a Itziar Prats, su exmarido le había dado un aviso: "Te voy a quitar lo que más quieres". Lo cumplió y, como en este segundo caso, después se suicidó.
El 25 de septiembre de 2018, las dos hijas de Itziar Prats, Nerea y Martina, de seis y dos años, fueron asesinadas por su padre. Ocurrió después de que ella acudiera a la comisaría a denunciar que temía por la vida de las niñas y reclamara, sin éxito, una orden de protección tanto en el juzgado de guardia como en Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Castellón.
Prats habló por primera vez públicamente en una entrevista a este periódico que vio la luz el pasado 25 de marzo. "Denuncié, me dijeron que no pasaría nada y ahora mis hijas ya no están", lamentó. Tras la investigación abierta por el Defensor del Pueblo, a la que se ha adherido, asegura que quieren llegar hasta las últimas consecuencias, como Ángela González, y esperan que el Estado reconozca que hubo un error cuando la policía determinó que el riesgo de su caso era "bajo" y los jueces y fiscales desoyeron su petición de auxilio.
A Ángela González se le removió todo cuando leyó la entrevista. "Se me ponen los pelos de punta. Es que es muy difícil. Tienes que pasar ese duelo y muchos años en los que no quieres vivir", cuenta por teléfono desde su casa en Madrid. "Primero tiene que digerir que le han quitado lo que más quiere y luego luchar, que te han asesinado a tu hija de esta manera tan vil. Al final lo que te queda es la impotencia de que la justicia además no pone medios. Esa es la otra parte, esa fue mayormente mi lucha".
"Si actúas así, se siguen saliendo con la suya"
Con todo, la mujer que denunció a España ante la ONU manda un mensaje de esperanza a Itziar Prats, una petición de resistencia: "Lo que quieren estos asesinos es intentar terminar con tu vida al quitarte lo que más quieres, lo que tú piensas entonces es también desaparecer. Pero con el tiempo, con los años, te das cuenta de que tienes que reaccionar y que si actúas así, lógicamente se salen con la suya, se siguen saliendo con la suya".
Durante los primeros 10 años de pleitos, recibió hasta cinco sentencias en las que los jueces señalaron que no había errores. "Diez años dándome la espalda totalmente", recuerda ahora González. "Si llego a parar me habría muerto. Porque era mi lucha, era mi verdad, lo que yo había vivido. Luchas para que la justicia se haga eco, te dé la razón, te devuelva tu dignidad. Porque tienen que reconocer todos los errores que se han cometido que fueron muchísimos y que determinaron el asesinato de mi hija", sostiene esta mujer, que asegura que hasta que su caso llegó a la ONU, nadie se había leído los informes ni las denuncias que, un viernes tras otro, ella presentaba después de que su hija volviera de visitar al padre. "A mi hija la asesinó porque no se pusieron medios, como le ha pasado a Itziar".
"Tendríamos que haber hecho más"
Un mes después de que fueran asesinadas las hijas de Itziar Prats, el 28 de noviembre de 2018, la Subdelegación de Gobierno en Castellón convocó una reunión para analizar qué medidas se habían tomado y si funcionaron. A ese encuentro estaban convocados tanto el fiscal como la juez del caso, que no acudieron, según explica Rosa Marcos, la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación. Sí fueron responsables del Centro de la Mujer 24 horas que atedió a Prats, de la Consejería de Igualdad y de Sanidad, del Ayuntamiento y de la Unidad de Familia de la Policía. Y determinaron que el trabajo "se había hecho bien".
"Se detectó que, una vez que hizo la denuncia, se activaron todos los mecanismos que el protocolo dice y se tomaron las decisiones que la jueza creyó convenientes", señala Marcos. Cuando Prats fue a denunciar que temía por la vida de sus hijas, la policía determinó que el riesgo "era bajo". Hasta el pasado 13 de marzo, seis meses después del asesinato de las niñas, la valoración policial no incluía a los menores. "Tendríamos que haber hecho más pero en ese momento, los recursos sí que le dieron asistencia a la mujer. No se le dio atención a los niños. Ahora, con la nueva instrucción se intenta que eso no vuelva a ocurrir", añade Marcos.
Y prosigue: "A quien le correspondían los menores es al juzgado. Era el juzgado el que tenía que haber tomado medidas si la juez hubiera considerado que había daños a los mismos". Ese riesgo bajo fue una de las razones que la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Castellón tomó en consideración para no atender la petición de Prats. Tras el asesinato, fuentes del juzgado denunciaron a este periódico falta de medios y que no había disponible un psicólogo para analizar a las menores. Este periódico ha intentado recabar, sin éxito, las consideraciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre el caso y si se han aplicado cambios.
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