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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Comparaciones entre dos crisis

Andreu Missé
Ana Oramas ha presidido la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera
Ana Oramas ha presidido la Comisión de Investigación de la Crisis FinancieraÁLVARO GARCÍA

La comisión de investigación sobre la crisis financiera de España ha hecho un trabajo extraordinario del que ha quedado una completa constancia en los Diarios de Sesiones y en el dictamen de conclusiones de 273 páginas. Se trata de una valiosa documentación a la que los legisladores deberán acudir para evitar que se repitan los daños causados. El dictamen final, sin embargo, adolece de unas conclusiones sintéticas para que los ciudadanos pudieran hacerse una idea clara de los aspectos fundamentales de la crisis. Carencia que ha sido compensada en parte por el discurso final de la presidenta de la Comisión Ana Oramas, diputada por Coalición Canaria. Hay que recordar el retraso con el que nació esta comisión que no se constituyó hasta mayo de 2017, una década después del inicio de la crisis, y fue gracias a una iniciativa de Unidos Podemos.

Esta tardanza contrasta con la actuación en Estados Unidos, donde el informe de la Comisión Nacional, The Financial Crisis Inquiry Report se publicó en enero de 2011. El informe estadounidense de 663 páginas contiene unas conclusiones —tan sólo 14—, que con gran sentido práctico responde al mandato del presidente Obama de explicar “qué ocurrió, cómo ocurrió y porqué ocurrió”. El informe estadounidense sintetiza los principales hechos clave de la crisis: 26 millones de americanos quedaron sin empleo, cuatro millones de familias perdieron sus casas, otros cuatro millones y medio se encontraban en procesos hipotecarios y cerca de 11 billones de dólares de los ahorros de las familias se evaporaron. Los beneficios de los bancos habían pasado de representar el 15% de las ganancias empresariales en 1980 al 27% en 2006.

Siguiendo la misma metodología en España se perdieron 3,8 millones de empleos, que situaron el paro en 6,2 millones de personas; unas 400.000 familias han sido expulsadas de sus casas y otras tantas penden de litigios judiciales (hipotecas, alquileres y ocupaciones) y millones de ahorradores (preferentistas y accionistas) perdieron una parte de sus ahorros o se encuentran involucrados en pleitos con las entidades financieras, que también registraron una explosión de beneficios antes de la crisis.

La primera conclusión del informe de Estados Unidos es que “la crisis pudo ser evitable”. Precisa que los principales responsables fueron los directivos de las entidades financieras y los administradores públicos que ignoraron las advertencias y no supieron gestionar la evolución de los riesgos. No se puede olvidar que en Estados Unidos las ayudas generaron 55.000 millones de beneficios públicos, mientras que aquí se han perdido 47.966, millones, según la UE.

De las recomendaciones que realizó Oramas hay una que debería abordarse con urgencia: “la inexcusable articulación de una institución que permita proteger con la máxima eficacia a todos los usuarios del sistema financiero en todos sus ámbitos”. Los ciudadanos precisan confiar en los bancos, que en interés de todos deben mejorar su reputación, lo que exige desterrar las malas prácticas.

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