Las empresas incluidas en el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria por delitos de blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y fraude fiscal crearon presuntamente un sistema por el cual giraban facturas ficticias a constructoras y uniones temporales de empresas (UTE) "que mayormente contratarían obra civil con diversas administraciones públicas", según se recoge en el sumario de las actuaciones. La investigación, que se ha prolongado durante tres años, apunta además al lavado de este dinero obtenido de forma ilícita -unos 12 millones de euros- por parte de estas mercantiles, algunas de ellas de carácter instrumental, recurriendo a la compra de piezas de arte contemporáneo.

Los investigadores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía sitúan en el centro del entramado societario a Juan Carlos Delgado Neyra, quien estaría relacionado directa o indirectamente con 30 sociedades. Estas entidades, cuyas vinculaciones han podido ser corroboradas a lo largo de la instrucción, habrían facturado a las adjudicatarias de obra pública "obteniendo pingües beneficios toda vez que o no soportarían costes proporcionales o estos serían falsos", de acuerdo con las diligencias policiales incluidas en el sumario.

El elevado número de sociedades guarda relación con el propio modus operandi de la organización. Muchas de ellas fueron objeto de regularización tributaria después de que Hacienda realizara inspecciones. En estos casos la mayoría de las actas eran firmadas de conformidad, aunque luego nunca eran pagadas. Todas esas inspecciones, según señala la Agencia Tributaria, corresponden a la presentación de facturas por trabajos relacionados con la construcción de proveedores "que tributando en el régimen de estimación objetiva (módulos) no reúnen los requisitos de deducibilidad por inexistencia de prestación de los servicios facturados". Estas sociedades, añade la UDEF, "desaparecen del tráfico jurídico tras ser descubiertas".

El análisis del entramado societario realizado por los investigadores también desvela la utilización "de manera orquestada y organizada" de varias personas del entorno de Delgado Neyra "a modo de testaferros, como titulares legales" de las mercantiles, así como la ejecución de prácticas para "enmascarar el verdadero propietario". Estos administradores "de paja", señala la UDEF, figuraban como titulares legales, pero el auténtico control se llevaba a cabo por el encausado.

Estas sociedades controladas por Delgado Neyra, continúan los agentes de la Unidad de Delitos Fiscales, solían tener trabajadores ejecutando peonadas semanales o mensuales, emitiendo facturas por ejecuciones de obras "con un margen desproporcionado", aunque una vez cobrada la última factura se cedía "la administración y la propia sociedad a un tercero" que de acuerdo con los inspectores "suele ser no residente e insolvente". Las destinatarias de esas facturas eran empresas adjudicatarias de obras públicas o bien sus proveedores.

Entre las empresas a las que se giraban facturas se encuentran dos grandes constructoras -FCC y Comsa- y varias uniones temporales en las que participaban estas y otras compañías. Entre ellas, las UTE "Nueva Sede Judicial de LPGC" o "Ampliación Muelle Santa Catalina". Todas las obras en las que estas y otras UTE resultaron adjudicatarias habían sido licitadas por administraciones como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria o la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Las pesquisas que llevaron a la apertura de la investigación judicial en abril de 2016 se habían iniciado en agosto de 2015, tras una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos contra Delgado Neyra, Manuel Álvarez Gil (administrador, al igual que el primero, de las sociedades limitadas Muralla de Occidente y Poseidón 2012) y Fernando Hernández Ibáñez, empleado de la constructora Comsa y propietario de Cofhisa Obras y Proyectos. Esta compañía actuó como proveedora de Poseidón 2012 y a la vez contaba como únicos proveedores algunas de las principales casas de subastas del mundo, como Christie's o Sotheby's. "Se hace muy difícil imaginar", continúa la instrucción, "qué tipo de bien puede proporcionar una galería de arte a una empresa o UTE que tiene por objeto la construcción de obra civil". Tras las escuchas telefónicas, la UDEF incluyó en la investigación a Juan Antonio Madrigal Martínez-Perada, alto cargo de FCC con quien Delgado Neyra mantenía una relación no solo de amistad, "sino también una profunda y estrecha relación laboral, comercial y económica". Madrigal, concluyen los agentes, habría aportado "sus contactos comerciales y su know how empresarial", mientras Delgado Neyra aportaba las mercantiles que administraba de facto.