La Autoridad Fiscal prevé que la hucha de las pensiones se quede sin fondos en 2018

Los problemas estructurales de la economía española y, en particular, del sector público provocarán que antes de que se acabe la década -probablemente en 2018- se agote el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, cuya dotación actual asciende a 32.481 millones de euros.

Las causas de esta evolución tienen que ver con las dificultades para reducir el déficit estructural. Es decir, el desequilibrio entre ingresos y gastos, que no es estrictamente achacable al ciclo económico. En concreto, un 2,5% del PIB que España no logra reducir, pese a las últimas subidas de impuestos y los recortes en el gasto público, y que pesa como una losa sobre la prima de riesgo.

Los datos proceden de una presentación que ha realizado en Ourense el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), José Luís Escrivá, en la que se analiza la sostenibilidad de la deuda pública española en el medio plazo después de haber rozado en 2015 el 100% del PIB. Su conclusión es que esa brecha entre ingresos y gastos de carácter estructural, al margen del ciclo económico (unos 25.000 millones de euros), es lo que explica que un país como Italia, con mayor nivel de endeudamiento público y menor ritmo de crecimiento económico en los últimos años, ‘disfrute’ de una menor prima de riesgo.

Ese déficit estructural, según la Autoridad Fiscal, hay que relacionarlo, fundamentalmente, con el comportamiento del sistema público de protección social, lo que explica que la Seguridad Social se vaya a comer antes de que acabe la década la llamada ‘hucha de las pensiones’. Según Escrivá, en 2018, cuando el ciclo económico sea neutral (la coyuntura ni ayudará ni detraerá crecimiento), el desequilibrio estructural será equivalente a 2,5 puntos de PIB. Pero mientras que la inversión pública restará 1,5 puntos de déficit, la Seguridad Social sumará un desequilibrio equivalente a tres puntos del producto interior bruto.

Este desequilibrio tiene que ver con que España, pese a la subida de la presión fiscal, no logra situar la recaudación total por encima del 40% del PIB, mientras que los gastos se situarán por encima del 42% en el escenario base. La consecuencia de ello es que la sostenibilidad de la deuda se hace más difícil.

Según la estimaciones de la Airef, al menos hasta el año 2033 España no logrará situar el endeudamiento público por debajo del 60%, justamente el límite que la Unión Europea considera para que la financiación de la deuda sea sostenible. Y para alcanzar ese objetivo se deben cumplir una serie de condiciones exigentes: crecimiento nominal del PIB del 3,3% (con inflación), tipo de interés nominal del 3,3% y superávit primario (sin contar el pago del servicio de la deuda) del 2,5% del PIB.

Este es el escenario base, pero si las proyecciones se realizan a partir de un crecimiento menor, en torno al 2%, el resultado sería que hasta 2036 España no lograría reducir el endeudamiento para colocarlo por debajo del 60% del PIB.

La Autoridad Fiscal recuerda que la deuda pública ha crecido en nada menos que casi 65 puntos desde la crisis (unos 650.000 millones en euros), de los que 32 puntos, cerca de la mitad, son achacables a la debilidad de la economía. De ellos, 21 puntos han sido por la influencia del ciclo; siete puntos, por las ayudas a la banca, y cuatro puntos, por las ayudas a otros estados de la UE. Otros 25 puntos, a causa de los problemas estructurales de las cuentas públicas y ocho por la propia dinámica de la deuda, que exige mayores recursos para ser financiada.

Dificultades históricas

El estudio de la Airef pone negro sobre blanco las dificultades históricas de la economía española para general superávits estructurales primarios. Es decir, sin la carga de la deuda. Respecto de Italia, hay una diferencia negativa de 3,1 puntos de PIB en las dos últimas décadas, lo que explica que los mercados premien al país transalpino pese a que su deuda es sustancialmente superior a la española. Dicho en otros términos, la credibilidad de las cuentas públicas es mayor debido a que lo habitual es que Italia tenga superávits primarios. Y es que, según la Autoridad Fiscal, el saldo primario histórico de España se ha situado en apenas el 0,6% del PIB, cuatro veces inferior al de Italia.

Esto significa, en palabras de Escrivá, que “la sostenibilidad de las finanzas públicas no está suficientemente asentada y subsiste un problema de credibilidad sobre su materialización”. Es por ello que reclama un plan presupuestario a medio plazo “realista y creíble” para cerrar la brecha fiscal de carácter estructural. Esos 25.000 millones de euros que se han enquistado en la economía española como consecuencia de la diferencia entre ingresos y gastos.

La Seguridad Social, según la Autoridad Fiscal, es el núcleo duro del problema. Al margen de deficiencias como la calidad de las instituciones públicas llamadas a corregir las desviaciones. De hecho, el nivel de deuda pública sería equivalente al 70% del PIB (30 puntos menos que ahora) si las distintas administraciones hubieran aplicado la regla de gasto.