La nueva reforma de la CNMC: una oportunidad para la mejora institucional

"La creación del nuevo regulador de la energía es una oportunidad para la mejora de nuestro diseño institucional regulatorio, lo que nos permitirá afrontar con garantías los grandes y complejos desafíos del sector"

Por Juan Delgado, Julio García-Cobos y Antón García Díaz[1].- Nada es Gratis blog. En el año 2013, el Gobierno decidió fusionar todos los organismos reguladores sectoriales (OORR) y la autoridad de competencia creando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Once años después, otro Gobierno se plantea una nueva reforma de los OORR: pasar de la actual configuración de la CNMC como regulador único multisectorial a un modelo sin precedentes en la Unión Europea, con un regulador del sector energético segregado y el resto de los reguladores integrados en la actual CNMC.

Es nuestra opinión, es poco probable que un mero cambio en la arquitectura de los OORR, por sí solo, genere suficientes beneficios para justificar una nueva reforma. Para que la restructuración suponga una verdadera mejora en la efectividad regulatoria, es necesario aprovechar la reforma para acometer cambios sustantivos tanto en el funcionamiento del nuevo regulador energético como en la actual CNMC.

¿Necesitamos realmente un cambio de modelo?

El motivo alegado para la escisión, según el Anteproyecto de Ley de restablecimiento de la Comisión Nacional de Energía, es la necesidad de contar con un organismo especializado para afrontar los retos globales del proceso de descarbonización, y de la garantía en la seguridad de suministro energético.

La motivación puede ser razonable: Al contrario que en otros sectores, como el de las telecomunicaciones o el sector postal, la regulación del sector de la energía se ha incrementado y ha ganado en complejidad en las últimas décadas.

De hecho, la carga competencial del regulador energético en el año 2024 poco se parece a la que tenía en el año 2013: a las competencias de naturaleza tradicionalmente regulatorias como la retribución de las redes de electricidad y gas (de la que dependen más de 10.000 millones de euros anuales) o la vigilancia del mercado eléctrico, se ha añadido además un papel fundamental en la transición energética y en la garantía de la seguridad de suministro.

En la actualidad, el sector energía supone cerca del 85% de las resoluciones de la Sala de Regulación de la CNMC. Sin embargo, la plantilla dedicada al sector de la energía apenas supera el 50% del personal de las unidades sectoriales. Todo indica que tanto las competencias como los recursos necesarios en el sector de la energía se incrementarán en el futuro.

Por otro lado, existe evidencia de numerosas disfunciones recientes en la actividad del regulador en el ámbito de la energía. En los últimos años, se han producido retrasos en tramitaciones y liquidaciones, así como en la publicación de parámetros retributivos (por ejemplo, las liquidaciones de la retribución de la cogeneración correspondiente al año 2022, que debería conocerse antes de empezar el año para que estas plantas pudieran tomar decisiones de producción, no se conoció hasta diciembre de 2022). Estos y otros retrasos generan importante incertidumbre regulatoria que puede traducirse en menor inversión en el sector y poner en riesgo el proceso de transición energética.

Parte de los retrasos han estado fuera del control del regulador, y son atribuibles en todo o en parte al ministerio del ramo, pero otra parte puede deberse a la falta de coordinación entre ministerio y CNMC; a la falta de medios y recursos especializados (como personal y sistemas informáticos específicamente diseñados para su labor); y a la falta de flexibilidad de la organización para adaptarse a las nuevas competencias asignadas y atraer y retener talento para responder a las mismas.

El viaje debe justificar las alforjas

Un mero cambio en la arquitectura de los OORR, por sí solo, no es suficiente para afrontar los retos y mejorar la efectividad regulatoria del sector energético. En primer lugar, es fundamental que la reforma no sea un pretexto para cambiar los Consejos existentes buscando un mayor control y, en segundo lugar, es necesario aprovechar la restructuración para acometer cambios sustantivos en el funcionamiento de los OORR en España, que subsanen las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la CNMC en la última década y reviertan en una mejora generalizada de la efectividad y la calidad regulatoria.

A continuación, exponemos algunos de los cambios en el Anteproyecto de segregación que consideramos particularmente relevantes. Algunos de estos cambios coinciden de forma parcial con los propuestos por la CNMC en sus comentarios al Anteproyecto del Ley . Nuestras propuestas incluyen, además, hacerlos extensibles a la actual CNMC:

Mayor especialización e independencia del órgano decisor: Es notable, en la actual CNMC, el escaso número de consejeros con experiencia sustantiva en el ámbito de la energía y cambio climático y, en general, la imposibilidad fáctica de que los miembros de la Sala de Regulación sean expertos en todas las materias que regulan. Ello se ve agravado por el sistema de rotación entre las Salas de Regulación y de Competencia, que comporta que los miembros cambian de sala con cierta periodicidad. Se da, por tanto, la circunstancia de que consejeros designados por su experiencia en alguno de los sectores acaban en la Sala de Competencia, donde sus conocimientos y experiencia no son de utilidad. La segregación debería servir para corregir la escasa especialización en el ámbito de la energía, al crear un Consejo especializado en la materia, pero el problema seguiría existiendo en el resto de los sectores. Por ello, proponemos aumentar la especialización de la Sala de Regulación de la CNMC mediante 1) la creación de mini-salas sectoriales formadas, por ejemplo, por dos consejeros especializados en el sector correspondiente y el director del área, siguiendo el modelo del regulador de redes alemán; y 2) la supresión del sistema de rotación entre salas.

Mejorar el sistema de nombramientos: El sistema de nombramiento de miembros de los consejos de los OORR sigue siendo una asignatura pendiente de la arquitectura de los OORR de España. El Anteproyecto no realiza ningún avance en esta cuestión. Los consejeros deberían ser elegidos entre expertos sectoriales para que, desde una posición de autonomía, evalúen y orienten la labor de los cuerpos técnicos, sin dejarse influir por los intereses de las empresas reguladas o del ejecutivo. Con independencia de la función que la ley reserva al Parlamento, reiteramos aquí la conveniencia de que todos los nombramientos se hagan a partir de una convocatoria abierta, basada en méritos y requisitos contrastables (años de experiencia en actividades relacionadas, formación académica…). Para ello, y siguiendo el modelo británico, sería conveniente que los candidatos para estos y otros organismos autónomos fueran propuestos por una Comisión Independiente de Nombramientos, que garantice la selección de los candidatos más apropiados.

Asegurar el apoyo al Consejo por parte de los servicios técnicos: En la actualidad, y al menos formalmente, los servicios técnicos desarrollan su labor sin la intervención de la Sala de Regulación, que funciona como una especie de control independiente. Se trata de un esquema heredado del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia que podría funcionar siempre que las salas tuvieran un apoyo técnico adecuado, que actualmente no existe. Para garantizar el apoyo técnico al Consejo, debería preverse la constitución de unidades de apoyo con personal especializado o, en su defecto, asegurar que los servicios técnicos y el Consejo puedan colaborar de forma más cercana durante cada procedimiento, eliminando la separación entre las fases de instrucción y decisión. El Anteproyecto contempla la designación de un consejero ponente salvo en materia de inspección e instrucción de procedimientos sancionadores. Consideramos que esta figura debería hacerse extensiva a la CNMC y sin exclusiones.

Autonomía y flexibilidad en la gestión y el presupuesto. En la actualidad, la estructura y normas de funcionamiento de la CNMC (su estatuto orgánico) se define a través de una norma con rango de Real Decreto, lo que reduce su flexibilidad para la reorganización interna. Asimismo, el presupuesto de la CNMC se establece con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El Anteproyecto continúa con el mismo modelo. Para aumentar la efectividad de sus actuaciones y reforzar su autonomía, los OORR deberían poder adaptar su estructura a sus necesidades y disponer de presupuestos propios y previsibles. La autonomía para decidir su estructura (como en el caso del Banco de España y, en menor medida, de la CNMV) y la autonomía de su financiación (a través de tasas y no de asignaciones del Presupuestos Generales del Estado, como en el caso de la CNMV) podrían aportar a los OORR la necesaria autonomía y flexibilidad de gestión y de financiación.

Carrera profesional única y atractiva: En la CNMC, existe un sistema dual de carrera profesional dentro del regulador: los funcionarios de carrera y los trabajadores que han accedido por concurso oposición (“personal laboral”). El Anteproyecto prevé que el nuevo organismo tendrá una única carrera profesional. La carrera profesional del personal del regulador debería ser única y desvincularse de la carrera funcionarial, de forma que la independencia y estabilidad de los trabajadores no esté condicionada por su futura carrera profesional en la administración pública, que todos los trabajadores dispongan de las mismas oportunidades de promoción y de la misma remuneración; y que los OORR puedan competir por la atracción de talento especializado. Este modelo debería extenderse al resto de la CNMC. Por otro lado, el Anteproyecto no establece el sistema de selección del personal directivo. La selección debería realizarse con los mismos criterios que para el resto del personal, es decir, mediante convocatoria pública y con procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Un mecanismo de apelación eficaz: En la actualidad, los recursos de las decisiones de la CNMC se dirimen en Audiencia Nacional, que a menudo no cuenta con la especialización suficiente para para entrar en el fondo de las decisiones más complejas en materia de regulación y competencia, y que acumula retrasos importantes. El Anteproyecto mantiene el mismo sistema. Para mejorar la efectividad de la regulación y reducir la incertidumbre regulatoria, sería conveniente la creación de tribunales de apelación especializados como, por ejemplo, el Competition Appeals Tribunal británico, que está especializado en asuntos de competencia, o el Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão portugués, especializado en competencia y regulación.

Conclusiones

La creación del nuevo regulador de la energía es una oportunidad para la mejora de nuestro diseño institucional regulatorio, lo que nos permitirá afrontar con garantías los grandes y complejos desafíos del sector. El cambio del modelo tendrá costes no desdeñables. Para maximizar los beneficios de la restructuración, debería aprovecharse está oportunidad para mejorar el funcionamiento regulatorio general. Para ello, el Anteproyecto de reforma debería ser más ambiciosos e ir más allá de la recreación de la extinta CNE, subsanando las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la CNMC en la última década.

[1] Las opiniones expresadas en la presente publicación son las de los autores. 

Montse Carpìo: Sobre el reintegro de subvenciones. STS 1913/2024

"El artículo 37 LGS establece las causas de reintegro de las cantidades percibidas en concepto de subvención"

 Por Montse Carpio blog.- La cuestión que en este asunto presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consiste en determinar, de conformidad con el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, si el incumplimiento con la actualidad de pagos de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de un requisito para poder ser beneficiario de la ayuda, puede devenir en un momento posterior en una causa de reintegro por incumplimiento

La referencia al requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se exige en dos momentos diferenciados del procedimiento, el primero para obtener la condición de beneficiario de la subvención y el segundo para el pago de la subvención

Se demanda resolver si con posterioridad a la concesión de la subvención y a su pago, la situación de no hallarse la empresa beneficiaria al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social puede operar como causa de reintegro de la subvención.

La tesis favorable al reintegro en tal supuesto no puede encontrar apoyo en el artículo 34.5 LGS, que establece lo siguiente: «No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.»

La citada disposición contempla un requisito para el pago de la subvención, no una causa de reintegro de una subvención ya pagada, como se hace evidente por la interpretación que resulta del sentido propio de las palabras empleadas por el precepto, que contempla la falta del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social como un impedimento del pago, y a la misma conclusión se llega por una interpretación sistemática de la norma, que se ubica en el Capítulo V del Título I de la LGS, sobre el procedimiento de gestión presupuestaria de las subvenciones, mientras que los supuestos de reintegro de las subvenciones se regulan en el Título II de la LGS.

El artículo 37 LGS establece las causas de reintegro de las cantidades percibidas en concepto de subvención

La circunstancia de no hallarse el beneficiario al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, no constituye ninguna de las causas establecidas en el artículo 37 de la LGS de reintegro de la subvención,

La conclusión a que llega la Sala de que no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social no constituye una de las causas de reintegro de la subvención contempladas en el artículo 37 LGSS, requiere una matización en los supuestos como el examinado en la  sentencia de 4 de julio de 2003 (recurso 10737/1998).

La sentencia indicada examinó un supuesto de ayudas concedidas al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales y del Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento de desarrollo de la citada norma legal, en el que se acordó el reintegro de la subvención por el incumplimiento de las obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, en dicho supuesto, la empresa quedó obligada por la resolución individual de concesión a la creación y mantenimiento de 25 puestos de trabajo en un determinado centro de trabajo, durante el período de vigencia de la concesión (tres años), y la Sala consideró que el compromiso de creación y mantenimiento de los puestos de trabajo no puede considerarse cumplido por la creación y mantenimiento de los puestos de trabajo un solo mes, sino que el compromiso laboral tenía una duración que se extendía a todo el período de vigencia de la concesión, de forma que es precisamente en correlación con dicho compromiso como debía evaluarse el cumplimiento (accesorio) de las obligaciones de la Seguridad Social, que forman parte inseparable de la obligación de mantenimiento de los puestos de trabajo con arreglo a derecho

En tales casos, el incumplimiento por el beneficiario de las obligaciones frente a la Seguridad Social inherentes a la creación y mantenimiento de los puestos de trabajo puede fundamentar una revocación de la ayuda ya satisfecha, pero no en virtud del artículo 34.5 de la LGS, pues el pago de la subvención se efectuó cuando concurrían los requisitos exigidos para ello, sino en virtud de la causa de reintegro descrita en el artículo 37.1.b) de la LGS («Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención»).

En respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, formulada en el auto de admisión a trámite del recurso, la Sala considera que los artículos 34.5 y 37 de la LGS han de interpretarse con arreglo a los criterios siguientes:

-El artículo 34.5 LGS exige para el pago de la subvención en todos los casos, bien se trate de un pago anticipado, un pago a cuenta o un pago posterior al cumplimiento de las condiciones, que el beneficiario se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

-Una vez producido el pago de la subvención, las causas que pueden fundamentar el reintegro de la subvención son las enumeradas en el artículo 37 de la LGS, entre las que no figura la de no hallarse el beneficiario al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

-Cuestión distinta es que, una vez producido el pago de la subvención, el hallarse al corriente el beneficiario en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social forme parte de las condiciones que fundamentaron la concesión de la subvención y a cuyo cumplimiento se obligó el concesionario, como es el caso de las obligaciones de creación y mantenimiento por un tiempo estipulado de un determinado número de puestos de trabajo, que requiere, obviamente, el alta y la cotización a la Seguridad Social por los trabajadores empleados. En tales casos, el incumplimiento por el beneficiario de las obligaciones frente a la Seguridad Social inherentes a la creación y mantenimiento de los puestos de trabajo puede fundamentar una revocación de la ayuda, pero no en virtud del artículo 34.5 de la LGS, pues el pago de la subvención se efectuó cuando concurrían los requisitos exigidos para ello, sino en virtud de la causa de reintegro descrita en el artículo 37.1.b) de la LGS.

La reactivación de las reglas fiscales

 Por El blog de Montse Carpio.- LA SUSPENSIÓN DE LAS REGLAS FISCALES

El art. 135 CE en la redacción dada por la reforma de 27 de septiembre de 2011, expresamente contempla que los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

El Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 ha apreciado, por mayoría absoluta de sus miembros, que se dio una situación de emergencia extraordinaria que motivó la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el art. 11.3 LOEPSF con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite la suspensión de las reglas fiscales de los ejercicios 2020 y 2021, acordada por el citado acuerdo del Consejo de Ministros.

Esta decisión parlamentaria tuvo lugar a solicitud del Consejo de Ministros según el acuerdo adoptado en la sesión del 6 de octubre de 2020. En dicho acuerdo además de solicitar al Congreso de los Diputados “la apreciación de que en España estamos sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 135.4 de la Constitución y en el artículo 11.3 LOEPSF” el Consejo de Ministros acordó la suspensión de los siguientes acuerdos:

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se adecuan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas y de cada uno de los subsectores para el año 2020 para su remisión a las Cortes Generales, y se fija el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2020, y

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y cada uno de los subsectores para el período 2021-2023 para su remisión a las Cortes Generales, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2021.

El 2 de junio de 2021, la Comisión Europea comunicó la decisión de seguir aplicando la cláusula general de salvaguardia, adoptándose los correspondientes acuerdos por el Consejo de Ministros el 27 de julio de 2021, y por el Congreso de los Diputados de 13 de septiembre de 2021.

El Consejo de Ministros acordó el 26 de julio de 2022 solicitar del Congreso de los Diputados la «apreciación de que España está sufriendo las consecuencias del estallido de la guerra en Europa y de una crisis energética sin precedentes, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, a aquellos efectos», al objeto de ampliar a 2023 la aplicación de la cláusula de salvaguardia.

La Comisión Europea emitió el 8 de marzo de 2023 una Comunicación al Consejo sobre orientaciones de la política presupuestaria para 2024, en la que se recoge, entre otros extremos la desactivación de la cláusula general de salvaguardia a partir de finales de 2023, el mantenimiento de los límites que estableció el Tratado de Funcionamiento de la UE de déficit público y de deuda pública, del 3% y del 60% del PIB, respectivamente, así como las normas vigentes para la apertura y el cierre de un Procedimiento de Déficit Excesivo

En referencia al año 2024, hay tener en cuenta el denominado Paquete de Primavera 2023, de 24 de mayo de 2023, que, recoge, para 2024, un ajuste fiscal mínimo del 0,7% del PIB y un máximo crecimiento del gasto primario neto del 2,6% respecto de 2023, al objeto de reducir la ratio deuda pública/PIB al 109,1%, en 2024, al 107,9%, en 2025, y al 106,8%, en 2026, así como una previsión del déficit del -3,3% del PIB, en 2024.

El gasto primario neto es el gasto financiado con recursos nacionales, excluyendo los intereses de la deuda, el gasto cíclico por las prestaciones por desempleo y los gastos financiados por medidas discrecionales y por fondos europeos.

Así mismo el plan presupuestario del Reino de España para el año 2024, de 15 de octubre pasado, recoge una previsión de déficit del -3,0% del PIB (idéntica previsión se recogía en el Programa de Estabilidad para el período 2023-2026), y una previsión para las entidades locales de superávit del 0,2% del PIB.

En este contexto

-Debemos tener en cuenta que aunque el marco de las reglas fiscales no esta cerrado a nivel europeo, éstas están en vigor desde el 1 de enero de 2024

-La legislación que está vigente es:

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)

El Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales,

El Manual de Contabilidad Nacional con ajustes SEC 2010 y

La Guía de la IGAE para la determinación de la Regla de Gasto para Corporaciones locales.

LA REACTIVACIÓN DE LAS REGLAS FISCALES

Los objetivos de estabilidad y de deuda pública

La vigencia de las reglas fiscales para 2024 lleva a la aplicación de la LOEPSF que, en su artículo 15, regula el procedimiento para establecer los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas:

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2023, se fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el Subsector local en el trienio 2024-2026,

Estos objetivos fueron aprobados por el Congreso de los Diputados el 10 de enero de 2024, pero se rechazaron por el Senado el 7 de febrero.

El apartado 6 del artículo 15 de la LOEPSF indica que, si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento.

En aplicación de este procedimiento, se volvieron a aprobar los objetivos en el Congreso en fecha 29 de febrero, que finalmente se rechazaron de nuevo en el Senado en fecha 6 de marzo de 2024.

Ante este escenario, ¿Qué debemos aplicar?

Debe aplicarse el objetivo fijado en el Programa de Estabilidad 2023-2026, conforme al criterio fijado por los servicios jurídicos del Estado que se basa en que tal objetivo fue evaluado favorablemente por la Comisión Europea.

El objetivo para el Subsector local se fija en una previsión para 2024 de superávit del 0,2% sobre el PIB. Este objetivo es un objetivo para el conjunto del Subsector local, es decir, no tiene una traslación directa sobre el presupuesto y la liquidación de cada Entidad local.

El presupuesto

Las reglas fiscales han estado suspendidas desde 2020 y hasta 2023, por lo que no se han aplicado en los presupuestos iniciales de estos ejercicios ni en su ejecución ni liquidación

En consecuencia, tampoco se exigirán en la liquidación de 2023

Sí que deberán tenerse en cuenta las reglas fiscales en la elaboración del presupuesto inicial de 2024, en la ejecución y en la liquidación

El destino del superávit

Respecto de la liquidación de 2023 esta pendiente de decisión la aplicación de la regla general del destino del superávit (art. 32 LOEPSF) y sólo lo sería la regla especial recogida (DA 6 LOEPSF)  si una norma con rango de ley lo autorizase, con arreglo a la misma y a la DA 16 del TRLRHL

Es decir, salvo que se apruebe una norma con rango de ley, hasta 2025 no se podrán ejecutar inversiones financieramente sostenibles sin que compute el gasto correspondiente en la regla de gasto.

Artículo 12.5 LOEPSF

El artículo 12.5 de la LOEPSF establece que “los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública”

Este artículo será de plena aplicación en la liquidación de 2024, es decir una vez que se pueda saber, con exactitud, si los importes efectivamente recaudados han superado los previstos en el presupuesto, por todos los conceptos de ingresos no financieros y no finalistas.

Régimen de endeudamiento

A cada entidad local le será de aplicación el régimen de endeudamiento del TRLRHL y de la disposición final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, así como, además, en cuanto a las entidades locales incluidas en el modelo de cesión de impuestos estatales, el artículo 20.2 de la LOEPSF.

Regla de gasto

Por lo que se refiere a la regla de gasto, en este momento, la única referencia es la tasa de variación máxima del 2,6% que ha incluido la Comisión en las orientaciones y proyecciones comunicadas en el «Paquete de Primavera» 

Ahora bien, cual es la base del gasto computable sobre la que aplicar la tasa de variación?

-Considerar el gasto computable ejecutado en 2023

-Considerar el gasto computable en el último año en el que se aplicaron las reglas fiscales (año 2019) y hacerlo evolucionar con las tasas de variación correspondientes hasta 2024

Medidas correctivas, coercitivas y de cumplimiento

Con motivo de la suspensión de las reglas fiscales no han resultado de aplicación aquellas medidas en el período 2020-2023, ni en referencia a ninguno de esos años, salvo las medidas automáticas de corrección previstas en el artículo 20 de la LOEPSF.

Por lo tanto, no se han activado en relación con incumplimientos constatados en las liquidaciones de presupuestos. Se activarán, en su caso, cuando se constaten los incumplimientos con la liquidación del presupuesto o el cierre de los estados contables de 2024.

Por ello, en el período 2020-2023, no se ha exigido la presentación de planes económico-financieros ni su aprobación ni se han aplicado medidas como la adopción de acuerdos de no disponibilidad de créditos

Suministro de información

La suspensión de las reglas fiscales no ha afectado al cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en la LOEPSF, y en sus normas de desarrollo, fundamentalmente la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.

Así, en lo que se refiere al informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad en el presupuesto inicial, su ejecución trimestral y liquidación, sólo se incluyó, a efectos informativos, la tasa de referencia de equilibrio (2020 y 2022), déficit (2021) o superávit (2023) correspondiente a las entidades locales, comunicada por el Gobierno.

Con la reactivación de las reglas fiscales se deberá incluir:

-En el presupuesto inicial el informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la deuda

-Con la ejecución trimestral del presupuesto de 2024 la actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la deuda, y una valoración del cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio

-En la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024 el informe de la intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda

En todo caso, siguen en vigor, puesto que no estuvieron afectados por la suspensión de las reglas fiscales:

-La aplicación del artículo 30 de la LOEPSF, la obligación de aprobar el techo del gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos

-El cumplimiento del período medio de pago a proveedores (PMP)

-El cumplimiento de las obligaciones al respecto de la cuenta 413

Nueva publicación: “Despoblación rural y envejecimiento: políticas públicas y servicios municipales de protección y atención a las personas mayores”

La autora reflexiona sobre el papel de los municipios en el diseño de una política pública integral

Por  IDL-UAM.- Ha salido a la venta el número 40 de la Serie Claves del Gobierno Local. Escrito por Mónica Domínguez, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de nuestro instituto.

  A lo largo de cuatro capítulos, el libro analiza las contradicciones existentes en las iniciativas de lucha contra la despoblación que no tienen en cuenta la incidencia sobre los mayores.

 Además, reflexiona sobre el papel de los municipios en el diseño de una política pública integral.

Para mayor información sobre dónde adquirir el libro pulse aquí.

La Generalitat impulsa un plan para asegurar una plantilla pública "profesionalizada y estable"

 "La meta" es que la Generalitat disponga de un plan que "permita abordar, de manera sistemática, un conjunto de actuaciones estratégicas en materia de talento público"

Por VALÈNCIA PLAZA (EP). La Generalitat elaborará un Plan Estratégico de Recursos Humanos para el periodo 2024-2027, que marcará la hoja de ruta de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública para garantizar "una plantilla plenamente profesionalizada y estable, capaz de hacer frente a los desafíos de los próximos años y de garantizar unos servicios públicos de calidad".

Así, lo ha señalado este martes la consellera y portavoz del Consell, Ruth Merino, que ha explicado que este plan, en el que ya trabaja la Conselleria y del que ha sido informado este martes el Pleno del Consell, estará basado en tres ejes esenciales: la mejora de los procedimientos de selección, el reciclaje continuo del funcionariado en capacidades y competencias acordes a los nuevos perfiles que demanda la sociedad y la evaluación e impulso del servicio público desde la perspectiva de aportar valor a la ciudadanía.

Para ello, se ha iniciado "un proceso de reflexión estratégica acerca de cuál es el grado de afectación de las grandes tendencias tecnológicas, políticas, económicas y sociales, con atención especial a desafíos como la renovación generacional o la inteligencia artificial".

Así, ha recordado que el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su recomendación de septiembre de 2019 sobre liderazgo y capacidad en la función pública, señala que construir un servicio público innovador "exige una perspectiva a largo plazo en la gestión de las políticas en materia de empleo público, para lo que recomienda invertir en prospectiva e identificar de manera continua las competencias y habilidades necesarias para transformar la visión política en servicios que proporcionen beneficio a la sociedad".

Así, ha señalado que "la meta" es que la Generalitat disponga de un plan que "permita abordar, de manera sistemática, un conjunto de actuaciones estratégicas en materia de talento público". Junto a ello ve "imprescindible" disponer de criterios "fundados acerca de cuáles son los efectivos necesarios en un futuro inmediato, en términos cuantitativos y cualitativos, para orientar las próximas ofertas de empleo público".

Diagnóstico y necesidades

Para ello, ha señalado que el plan contendrá un diagnóstico de la situación inicial que defina los problemas y desafíos a abordar, con especial atención a las disponibilidades de personal y su evolución futura. También incorporará la previsión de las necesidades de recursos humanos y las actuaciones, proyectos y medidas para la consecución de los objetivos estratégicos, con un cronograma de cumplimiento, así como un sistema de evaluación de acciones.

En la elaboración del diagnóstico en materia de disponibilidades y previsión de necesidades de personal participarán todas las Conselleries y organismos autónomos. Además, los datos procedentes del trabajo descrito serán sometidos a la consideración de las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial para que puedan realizar análisis y aportaciones, todo ello sin perjuicio de la correspondiente negociación de las propuestas.

Una vez concluido, el borrador inicial del plan será sometido a consulta y a información pública, por un periodo no inferior a un mes que se anunciará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el portal de transparencia.

La necesaria ayuda de las Diputaciones Provinciales a los Ayuntamientos de segunda y tercera categoría en materia de contratación. Centrales de contratación.

Por Eduardo Ortega Muñoz -esPúblico blog.- Tabla de contenidos

I.- Introducción. La actividad de las Diputaciones Provinciales y la necesidad de que actúen. La pervivencia del contrato menor como forma habitual de actuación. La necesidad de incorporar medidas estructurales: provisión de puestos de trabajo a funcionarios con habilitación nacional y planificación en esta materia entre otras. 

II.- La racionalización en la contratación pública: contratación centralizada.  

Introducción.- La actividad de las Diputaciones Provinciales y la necesidad de que actúen.

Uno.- Sobre las Diputaciones Provinciales.  

El artículo 36.1.g) de la LRBL otorga competencia propia a las Diputaciones Provinciales para la implantación de un modelo de contratación centralizada, que en parte, vendría a paliar el problema de muchos de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que aún a día de hoy, siguen anclados en la perniciosa figura del contrato menor, ya sea por desconocimiento para establecer un verdadero negociado de contratación pública, o simplemente, por resistencia al cambio y falta de presión cívica y estamental para llevarlo a efecto.  

La competencia de la Diputación Provincial no sólo es la antedicha, pues la competencia genérica atribuida por mérito de los artículos 36.1.a, b, y su apartado b y c de la LRBRL los obligan a asistir a los municipios con menos recursos. En materia de contratación se materializa en:

–          Colaboración del personal propio de la Diputación para integrarse en Mesas de contratación de los municipios.

–          Asistencia al Interventor en la recepción material de todos los contratos ( D.A.3ª LCSP).

–          Supervisión de los proyectos de contratos de obras.

–          Asistencia a los municipios de menos de 1.000 habitantes, y cuyo apoyo se vislumbra esencial.

Dos.- La contratación de la Diputación como subsidiaria de la contratación municipal.  

A la vista de las competencias expuestas la Diputación actúa en materia de contratación coadyubando y casi de forma subsidiaria a los municipios: ayudándoles a qué cumplan su obligación en materia de contratación: que son muchas, variadas y que requieren para su cumplimiento de determinación y una verdadera especialización. Y esto es obvio, que en muchos municipios no existe.

Así las cosas, formas de racionalización como el Acuerdo Marco deberían ser algo habitual, y con sólo el examen de la plataforma de contratos del sector público se antojan insuficientes para ayudar a los 6.827 municipios que no superan los 5.000 habitantes.

De los antedichos conforman la España vaciada, aproximadamente, 5.002 municipios de menos de 1.000 habitantes. Y aquí es donde cobra un protagonismo absoluto las Diputaciones Provinciales en la asistencia a los municipios y en muchos supuestos  el uso de la racionalización en la contratación pública para satisfacer sus necesidades.  

Por tanto, en los municipios donde impera el contrato menor y la falta de planificación, implementación y evaluación de la organización administrativa realizada debe nacer el liderazgo de las Diputaciones Provinciales.

Tres.- Sobre por qué se mantienen los contratos menores en los municipios de tamaño poblacional mediano y pequeño, y la posibilidad de algún tipo de reforma legislativa o coerción al cumplimiento de la norma.

Existen varios factores de por qué no llega a aplicarse del todo en este tipo de municipios la LCSP y todas las anteriores, pese al abundante cuerpo legislativo y jurisprudencial que atesora esta modalidad de contrato. Uno de ellos es, sin duda, el miedo existente a que el adjudicatario foráneo; pueda ejecutar el contrato deficientemente, o incluso no llegar a ejecutarlo.

¿ Qué medidas existen para paliar esto? La solvencia, penalizaciones, indemnizaciones, prohibiciones de contratar y extinción del contrato.

¿ Cuándo se ejecutan y cuánto tardan en ejecutarse? Bastante tiempo. No existe confianza alguna en que la empresa sea solvente y se pueda cobrar pronto la penalización o se extinga el contrato, y tampoco es consuelo la imposición de una prohibición de contratar.

Existe la sensación de que el problema de ejecución con un contratista foráneo es mucho problema, y no se resuelve lo esencial: cumplimiento de la obligación contraída y que se “queden las cosas sin hacer”.  Si además, el contrato está financiado con subvención y anudado a plazo de conclusión y pena de reintegro el problema es aún mayor.

La solución es acudir al contratista del propio municipio al que se le conoce como trabaja; al que se le puede pedir explicaciones, incluso para que el contrato de obra, servicio o suministro se ejecute sin incidencias se puede hasta modificar de forma amistosa.

Romper esta forma de actuar – porque al final, casi todo lo realizan los del propio pueblo – es muy difícil, y se requiere el esfuerzo de todos los actores. En este caso, de la propia Diputación Provincial que es la Administración que, por una parte, mejor conoce las necesidades del municipio, y por otra parte, es la “ más alejada” y ello le permite accionar con mayor libertad para que se aplique la LCSP.

Nota: resulta muy interesante consultar el documento elaborado en 2.019 por la Autoritat Catalana de la Competencia: contratación menor: riesgos para la competencia y propuestas de mejora. Ref. ACCO: OB 56/2021- contratación menor.

Cuatro.- Necesidad de adoptar medidas estructurales en la Administración Local.

Cuatro. uno.- Carencia de Secretarios Interventores, Interventores – Tesoreros y Secretarios de Ayuntamiento. Funcionarios con habilitación de carácter nacional. (FHCN).   

La carencia de funcionarios con habilitación nacional es muy dañina en la Administración Local. Si no existen interventores que reparen los contratos y suspendan sus efectos, realmente, poco o nada sucede. Si éstos mismos funcionarios, anualmente, en los documentos de liquidación de los presupuestos o en otros a enviar al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Hacienda no advierten de las irregularidades no ocurre nada, y esto significa, que todo sigue haciéndose como antaño: con contratos menores y sin la menor planificación administrativa.

Igualmente, debería aclararse la función del Secretario. Es imposible que informe la totalidad de contratos menores si los mismos, en vez de darse excepcionalmente, se suscriben diariamente. A mayor abundamiento, la doctrina de las diferentes JCCA ha sido oscilante en la materia: y va desde la obligatoriedad de realizar el informe (JCCA Estado 21/2021) hasta una posición ecléctica mantenida por la JCC Catalana (Informe 7/2.019) que considera la suficiencia de una nota de conformidad del Secretario.

El Ministerio, a través del INAP, anualmente convoca plazas para este Cuerpo, pero a día de hoy, en muchas de las provincias españolas se torna insuficiente. Deberían de ofertar más plazas; dotar de más medios al INAP, y éste desarrollar los procesos de una forma eficaz.

Cuatro dos.- Necesidad de modificación de R.P.T.

Todos los municipios deberían tener un negociado – aún siendo mínimo – de contratación, y muy apoyado por la Diputación Provincial. Además, se deberían imponer en la RPT personas encargadas de controlar el cumplimiento de la Ley de contratos; por una parte, para ayudar al Interventor/a, muchas veces con exceso de trabajo, y por otra, para hacer de filtro de la corrupción; siendo la contratación administrativa, vía de entrada para la pudrición de la Administración.  

Cuatro tres.- Necesidad de cumplir la LCSP.  

¿ qué ocurre sin nunca se cumple – razonablemente – la Ley de Contratos del Sector Público? Entiendo, con toda humildad, que debería imponerse un orden por el Estado. Al menos en:

1.- la obligatoriedad de que sólo un porcentaje de los contratos fueren menores, y establecer una página, tal como las de remisión de Intervención, que atestiguen el cumplimiento en esta materia, so pena de imposición de medidas coercitivas. Eso ayudaría a cumplir, tal como ayudaron las medidas impuestas en el año 2.012 en materia tributaria.

2.- La obligatoriedad de un plan de contratación anual o bianual.  

Cuatro cuatro.- Necesidad de planificar la contratación.

El reciente informe elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias, de fecha 27/02/2.024 (página 57 y 58) refleja claramente la situación:

“Conclusiones:

1.- El cumplimiento de la obligación de programación de la contratación pública es todavía muy bajo, situándose en un entorno del 7% de los perfiles de contratación de las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la Audiencia de Cuentas de Canarias.”

Con seguridad, lo expuesto es extrapolable a muchas zonas geográficas de España. Que sólo el 7% de las Admnistraciones Públicas tenga una programación de contratación pública aprobada, significa:  

a)      Que existe un 93 % de Ayuntamientos sin conocimiento – más que por  los reparos y un informe anual del Interventor – de lo que se hace en materia de contratación.

b)      El Pleno del Ayuntamiento que debería programar una materia tan importante como la contratación, no puede decidir nada, porque no tiene datos fiables. No sabe las fallas que existen ni los aciertos y beneficios que reporta. Por tanto, no se pueden proponer decisiones, ni proponerlas.

c)      No existe transparencia. El ciudadano no se entera de las medidas sociales ni medioambientales que incluyen los pliegos que se aprueban, ni el beneficio económico que reporta la elección de la oferta más ventajosa, entre otras cosas.

II.- La racionalización en la contratación pública: contratación centralizada; acuerdos marco.

Como se ha expuesto al principio del texto la Diputación Provincial tiene competencia propia para el establecimiento de un sistema propio de contratación centralizada, al que, lógicamente, se adherirían los municipios de la provincia.

Sus características generales se pueden resumir en:

a).- Función que realiza la central de contratación.

El artículo 227.2 LCSP establece:

“Las centrales de contratación actuarán adquiriendo suministros y servicios para otros entes del sector público, o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición para la realización de obras, suministros o servicios destinados a los mismos.”.

b).- Posibilidad de los Ayuntamientos de crear centrales de contratación o adherirse a las ya existentes. Así se podrá

b.1.- Adherirse a la de la propia Diputación Provincial, que debería asumir dicha competencia por venírsele atribuida.

b.2.- Adherirse al sistema estatal de contratación centralizada, en concreto, a los acuerdos marcos que le interesen.

b.3.- Adherirse a la Junta de Contratación Centralizada de la FEMP.

https://www.femp.es/comunicacion/noticias/central-de-contratacion-para-unos-servicios-municipales-mas-eficientes  Nota: una central de compra creada por un municipio de escasa población no consigue los beneficios de la racionalización administrativa que se pretende. Milagros Arcocha Giménez en su libro Todo Administración Pública Local, página 738, considera muy importante que se creen éstas centrales de contratación en las Diputaciones Provinciales sobre todo en contrato de especial complejidad, dada la carestía de personal cualificado de los municipios pequeños.

El estrangulamiento del mercado de vivienda camina hacia la asfixia

España necesitará 700.000 casas en cuatro años para satisfacer la demanda de alquiler y compra, afectados por el turismo y la escasa obra nueva

Revista de prensa. Aurelio Medel. Cinco Días.- El problema más urgente de la economía española, y quizás el principal, es el estrangulamiento del mercado de vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, que además tiene enormes efectos secundarios en la natalidad, el empleo, la movilidad geográfica o la sostenibilidad de las pensiones, que, a su vez, determinan la vulnerabilidad económica, social y emocional. El Gobierno es consciente del problema y por eso se lo ha marcado como objetivo prioritario para esta legislatura.

La positiva dinámica de crecimiento de actividad y población que tiene la economía española llevaría a que en cuatro años el mercado tenga un déficit de 700.000 viviendas, tanto para compra como para alquiler. Esta cifra podría duplicarse, si no toman medidas, o reducirse una quinta parte, si se toman decisiones que impacten rápido en la construcción y el alquiler.

Los datos son tan elocuentes que estarse quietos no parece una opción, ya que empieza a haber riesgo de estallido social. De hecho, están creciendo los desahucios de familias con problemas para pagar el alquiler incluso teniendo trabajo y cada vez proliferan más soluciones habitacionales marginales, como vivir en autocaravanas o en pisos patera, donde se acumulan personas, sobre todo inmigrantes, que tienen trabajos mal remunerados, pese al aumento del SMI en los últimos años o están directamente en la economía sumergida.

El Gobierno ha lanzado esta semana una medida con más carga política que impacto real, como es la eliminación de la concesión de la golden visa. Desde 2013, cualquier extranjero que adquiere una vivienda en España con una inversión de más de medio millón de euros tiene derecho al permiso de residencia. Este mecanismo, claramente injusto desde una perspectiva ética y moral, ya que segrega por renta, ha sido utilizado únicamente por unos 14.600 extranjeros y su impacto se limita a viviendas que son accesibles solo para rentas altas o muy altas. De hecho, ha contribuido a tensionar los precios en determinados barrios de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Málaga o Marbella, pero no en el tipo medio de vivienda. Dicho esto, no hay que desdeñar que un tercio de estas operaciones se han realizado en los dos últimos años, pero tampoco que los grandes patrimonios van a seguir comprando casas en España, tengan o no el premio de la residencia, aunque sea como mera inversión.

El desquicie de la vivienda en España se produce en las dos puertas de acceso, la del alquiler y la de la propiedad, y ambas están muy conectadas. La menor disponibilidad de obra nueva empuja a los nuevos hogares al alquiler y provoca que su coste se dispare. La reducción de la construcción está íntimamente ligada a los excesos de la burbuja inmobiliaria. En la primera década de este siglo se construyeron 5,4 millones de casas y en la siguiente (2010-2020) no se llegó al millón (932.000).

Los márgenes de la construcción se han reducido a la mitad en la última década y la disponibilidad de suelo urbanizable se ha desplomado por una doble razón, la lentitud de las administraciones en las calificaciones y permisos y los problemas de los promotores para adquirir terrenos a crédito, ya que los cambios en la regulación bancaria penalizan la actividad promotora. Las administraciones tienen, además de las licencias, la capacidad de poner en el mercado grandes extensiones de suelo, ya que son los mayores propietarios.

Todo esto lleva a que los hogares que viven de alquiler tengan que destinar una mayor parte de renta disponible que la cuantía que invierten en el pago de la hipoteca los que han optado por la propiedad. Según datos de Eurostat, el 40% de los hogares españoles arrendados, está pagando un contrato de alquiler que se lleva más del 40% de su renta. Esto es el doble que la media de la UE. Como hemos analizado aquí en otras ocasiones, ese sobreesfuerzo se concentra sobre todo en las parejas más jóvenes, lo que incide en la tardía emancipación y la bajísima tasa de natalidad.

Si la cuota del alquiler es mayor que la letra de la hipoteca, lo lógico sería comprar, pero las familias se encuentran, además de con la escasa oferta de vivienda, con que tienen que disponer de ahorro para hacer frente al pago del 20% del coste de adquisición, que no lo cubren los bancos. Para ello, el Gobierno ha puesto en marcha el aval del Estado para ese 20% que no financian los bancos.

Además, en el mercado del alquiler ha aparecido en los últimos años un competidor inesperado de enorme impacto: el alquiler turístico. Las plataformas globales por internet (Airbnb) han propiciado que en España haya ya 340.000 casas destinadas a este segmento de negocio. El Banco de España prevé que esta actividad crezca a tasas del 10% anual, en buena medida convirtiendo casas alquiladas para primera residencia en alojamiento turístico. Este cambio está teniendo un enorme impacto, que se va a agravar, precisamente en las zonas que ya sufren una mayor tensión, como Madrid, Barcelona, Málaga y los dos archipiélagos.

Estos problemas conviven con el hecho de que en España solo el 60% de las viviendas están ocupadas por hogares que lo consideran su domicilio, su primera vivienda, de las que tres cuartas partes son casas propiedad de sus huéspedes. El resto son viviendas vacías (15%), segundas residencias (15%) o construcciones inhabitables (10%), dado su mal estado.

Este panorama lleva a que el Gobierno esté internamente movilizado y tratando de buscar ideas y apoyo en todos los sectores implicados, especialmente promotores y sector financiero, con el fin de tratar de dar la vuelta a esta situación. Además de las medidas para desatascar la construcción de vivienda nueva, destinada a la venta y al alquiler a precio asequible, una de las primeras medidas a tomar debería ser sobre el alquiler turístico, donde la legislación debería ser casi municipal, por la diferencia de la problemática.

Hacen falta decisiones claras y contundentes que aumenten la oferta de vivienda de precio asequible. Hasta ahora, las medidas que ha aprobado este Gobierno y sus socios han tenido un impacto escaso o negativo, como ha pasado en Cataluña con las ocurrencias de ERC en la comunidad y de En Común en el ayuntamiento. El Gobierno tiene encima de la mesa el proyecto de Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que modifica la de 2015, en el que puede meter enmiendas urgentes hasta el 23 de abril. No hay tiempo que perder.