La Guardia Civil vincula a Cifuentes con dos delitos pero el juez descarta imputarla

La Guardia Civil señala a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, como presunta autora de un delito de prevaricación y otro de cohecho por adjudicar a dedo contratos al empresario Arturo Fernández cuando estaba en la mesa de la Asamblea de Madrid.

Según la Guardia Civil, Cifuentes habría formado parte de las mesas de contratación para favorecer al grupo Cantoblanco mientras que el empresario Arturo Fernández financiaba al partido al que ella pertenecía.

Por su parte, Eloy Velasco, juez del caso Púnica, no tiene intención de proceder contra Cristina Cifuentes, pese al informe de la UCO. 

Según fuentes jurídicas, ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción han encontrado pruebas de que tuviera una participación en la financiación ilegal del PP que se investiga en la pieza de Púnica cuyo secreto se ha levantado y en donde aparece el citado informe.

Las fuentes han resaltado que la UCO, que señala indicios de delito en relación a la intervención de Cifuentes en esa mesa de contratación, la menciona al igual que a otras tantas personas y han recordado que lo que se investiga en esta pieza es la presunta financiación irregular del PP, hechos en los que no se considera que Cifuentes esté involucrada.

Pretensión de beneficio

En el informe de la UCO, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los agentes explican que hay indicios que indican que la adjudicación de los contratos del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011, “pudo ser decidida de antemano”.

A juicio de la investigación policial, hubo una clara intención de beneficiar en todo momento al grupo Cantoblanco.  Esta intención se articuló "a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones donde se ponen de manifiesto actos injustos, altamente discriminatorios y fácilmente cognoscibles en cuanto al resultado presumible de su realización, de la que puede inferirse el pleno conocimiento y voluntad a la hora de ejecutar los mismos”.

La Guardia Civil relaciona estas adjudicaciones con las aportaciones económicas localizadas y efectuadas por el empresario Arturo Fernández a la Fundación Fundescam en fechas anteriores a las mismas.  Según los investigadores, estas aportaciones fueron en gran parte destinadas a sufragar gastos electorales del Partido Popular, al que pertenecía Cristina Cifuentes,

Cifuentes presidía las mesas de las licitaciones de los contratos públicos en relación a Arturo Fernández, a la vez que participaba como componente de los comités de expertos que efectuaron las valoraciones de las ofertas presentadas, según la UCO.

Dos delitos

Para los investigadores, estos hechos serían constitutivos de un delito de prevaricación continuada y otro de cohecho. "Se aprecia la presunta participación en los hechos citados de Cristina Cifuentes, como componente del comité de expertos en las licitaciones de los años 2009 y 2011 y como presidenta de la Mesa de contratación en las licitaciones de los años 2009 y 2011".

Además, la Guardia Civil señala a María Virtudes Merino Muñoz, Tatiana Sonsoles Recoder e Isaac Arturo Zubiri, como componentes del comité de expertos en la licitación del año 2009 y 2011.

Según relata la Guardia Civil, las aportaciones de Arturo Fernández a Fundescam para desde ahí financiar "de manera encubierta" al PP comenzaron en el año 2007.

Los investigadores, "una vez constatadas las aportaciones efectuadas por determinados empresarios, efectuaron gestiones indagatorias en el sentido de localizar y analizar los procedimientos de adjudicación donde fuesen coincidentes determinados elementos, tales como que la empresa adjudicataria fuese alguna de las empresas administradas por los empresarios que efectuaron las importantes aportaciones económicas" al Partido Popular.

También "que alguno de los patronos de la Fundación por donde se canalizaron las aportaciones económicas, hubiese tenido un importante papel decisorio en esas licitaciones donde esas empresas resultaron ser adjudicatarias”.

En este sentido, la UCO constata la coincidencia de Patrono de la Fundación Fundescam de Cifuentes con su pertenencia al PP de Madrid y a los comités de campaña de esa formación política —cuando se efectuaron las aportaciones económicas—, y también con el hecho de pertenecer al comité de expertos que efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid en los años 2009, 2011 y 2013.

Cristina Cifuentes desempeñó también de manera simultánea la Presidencia de la Mesa de contratación en esas licitaciones. En todas ellas resultó ser la empresa Cantoblanco la adjudicataria final de los contratos.

Antes de los pagos no tuvo adjudicaciones

Los agentes destacan cómo la empresa de Arturo Fernández ya participó en la licitación de la Asamblea de Madrid del contrato de cafetería, cocinas y comedores en el año 2006 y resuelto en el año 2007, "y no resultó ser adjudicataria final". Esta valoración se produjo antes de que comentaran las referidas aportaciones económicas.

La investigación deja claro en su informe que hasta que el grupo Cantoblanco no empezó a apoyar al Partido Popular, a través de Fundescam, no resultó ser la adjudicataria en ninguno de los concursos a los que se había presentado. Y que empezó a ser "la adjudicataria final de las licitaciones después de producirse las citadas aportaciones económicas, circunstancia que parece repetirse también en ocasiones pretéritas a la investigación desarrollada”.