Los derechos del usuario de marihuana en México y la importancia del autocultivo

Los consumidores de drogas tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano en México. Sin embargo, la falta de información es uno de los principales problemas que enfrentan los usuarios de mariguana en el país. Hasta ahora, el enramado legal en torno a esta planta se ha basado en un modelo prohibicionista que deja al usuario en medio de una autoridad que obedece una política que busca erradicar las drogas con violencia y los narcotraficantes que controlan el mercado ilegal.

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"Para ejercer sus derechos, el usuario tiene que conocerlos bien. Tiene que entender la dinámica particular en que la sociedad ejerce esa ley", dijo Jorge Hernández Tinajero, politólogo, especialista en política de drogas, y coautor del libro La Mota: Compendio actualizado de la mariguana en México.

Aunque actualmente la Ley General de Salud dice que está prohibido el uso o consumo de esta planta, hacerlo no tiene una sanción el Código Penal Federal. En otras palabras, no te pueden detener ni llevar a la cárcel por el simple hecho de estar pacheco.

Pero aunque el consumo no está penalizado, las acciones alrededor de éste sí lo están: producción, transporte, tráfico, comercio y suministro. Y aunque la ley no permite la posesión de drogas, tiene un sistema de umbral que marca ciertas cantidades y circunstancias bajo las cuales no hay penas que priven de la libertad:

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Esto significa que nadie puede ser revisado por su apariencia física ni porque se ve sospechoso; las revisiones de rutina no son un argumento válido para que te cateen. Sin embargo, las revisiones policiacas se llevan a cabo en caso de detención en flagrancia por cometer algún delito o falta administrativa, y consumir drogas en vía pública es una falta administrativa. A pesar de que no te pueden detener por estar pacheco, sí pueden hacerlo si te sorprenden fumando en la calle, un parque o cualquier espacio público.

Aunque el usuario posea una cantidad inferior a la señalada para cualquiera de estas sustancias, la policía tiene la obligación de llevar a esa persona el Ministerio Público con un juez que determinará que efectivamente trajera la cantidad permitida y que era para uso personal.

En caso de poseer una cantidad mayor a la permitida, y por las circunstancias del hecho no pueda considerarse destinada a ser comercializada, la pena es de diez a 36 meses de prisión y hasta 80 días multa.

En caso de tratarse de una cantidad mayor a la permitida y que la posesión sea con la finalidad de comercializarla, la pena es de tres a seis años de prisión y de 80 a 300 días multa. Si se comercia o se suministra, la pena es de cuatro a ocho años en prisión y de 200 a 400 días multa.

"Para el usuario que conozca la ley, ésta lo incita a recurrir al mercado negro", dijo Jorge, ya que aunque existe un umbral para cada sustancia, la ley no estipula de dónde puede salir esa posesión. Y el cultivo, por otro lado, no entra de los parámetros de posesión, sino en el ámbito de la producción, con lo cual ya no se trata de usuarios sino de productores de sustancias, por lo que las penas pueden llegar hasta los diez años de cárcel.

De ahí la importancia del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece los límites del Estado frente a la autonomía del individuo, afirma Hernández Tinajero. "Siempre y cuando sea mayor de edad, no afecte a terceros y no comercie, el Estado tiene un límite frente al derecho del libre desarrollo de la personalidad y por lo tanto la prohibición, hasta ese punto, es inconstitucional. Además este fallo propone el cultivo —sin fines de comercio, exclusivamente entre adultos y sin ánimo de lucro— como la vía posible para que las personas de plenos derechos puedan acceder a estos".

En noviembre de 2015, la SCJN votó a favor del derecho de cuatro individuos de sembrar y transportar mariguana para su consumo lúdico, basados en el argumento del libre desarrollo de la personalidad, así como en las desproporcionadas sanciones para la mariguana comparadas con las del alcohol y el tabaco. Sin embargo, al hacer esto, se reconoció un derecho, y los derechos no pueden ser privilegios ni selectivos. Tienen que ser para todos. El procedimiento jurídico para lograr que esta sentencia se convierta en un derecho requiere de cuatro juicios más para que se forme jurisprudencia. En este momento hay cientos de amparos interpuestos. Pero a pesar de todos estos, ha habido pocos avances en su resolución así como en el avance de la mariguana en el país.

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Aunque en diciembre de 2016, el Senado votó a favor del uso medicinal del cannabis, la Cámara de Diputados aún no aprueba esta iniciativa. Pero aún cuando fuera aprobada, esta aún no considera los derechos o la vulnerabilidad del usuario frente a este sistema prohibicionista: aún cuando una persona tenga una cantidad por debajo de la establecida, es forzada a entrar a la red de justicia penal, además que es frecuente la práctica de siembra, es decir, que los policías hagan pasar como que hay más droga de la que realmente hubo, algo que un aumento en la cantidad establecida no evitaría.

"La ley generalmente se ejerce ante los usuarios más débiles, que generalmente son jóvenes", agrega Jorge Hernández. "Sin embargo, también sabemos que la práctica de la policía es justamente llevar un poco de distintas sustancias para que las personas que sean sorprendidas con posesión, pasen el umbral y sean considerados delincuentes".

Si bien el autocultivo no significa la solución para muchos de los problemas relacionados con las drogas, sí considera a los usuarios como ciudadanos con derechos y ofrece una alternativa al mercado ilegal.

"Con el acto del cultivo, se da una alternativa al usuario para que no recurra al mercado negro, para que sepa de dónde viene y cómo se cultiva la planta que va a utilizar. Se trata de la alternativa real que tenemos en este país por ejercer un derecho que no tiene por que ser negado".