Qué significa y qué consecuencias puede tener que el Tribunal Supremo de Venezuela asuma las funciones legislativas de la Asamblea mientras esta se mantenga "en desacato"

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela advirtió que ejercerá las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional (AN) de ese país, mientras ese órgano se mantenga en situación de "desacato".

"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho", se lee en una sentencia emitida el miércoles.

La oposición venezolana, que controla la AN desde las elecciones de diciembre de 2015, respondió a la decisión con dureza y llegó a calificarla de "golpe de Estado", en palabras del diputado opositor Julio Borges, quien convocó manifestaciones.

"Es un golpe de Estado y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras: en Venezuela (el presidente) Nicolás Maduro dio un golpe de Estado", dijo Borges hablando en nombre de la directiva de la AN.

Mientras, Perú retiró a su embajador por considerar que hubo una "ruptura del orden democrático" y otros países declararon su "profunda preocupación" por la situación en Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano rechazó este viernes las declaraciones extranjeras y habló en un comunicado de una "histérica campaña contra Venezuela".

Además de rechazar las críticas, el gobierno de Caracas sostuvo en el escrito que "ejercerá las acciones políticas y diplomáticas que brinda el Derecho Internacional y nuestro orden jurídico interno para detener y evitar la materialización de planes contra la estabilidad y la paz en Venezuela".

Brasil, por ejemplo, emitió un comunicado, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que dice que las decisiones del TSJ "alimentan la radicalización política en el país".

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró en un tuit que lo ocurrido es un "auto golpe" y pidió la "urgente" convocatoria de un Consejo Permanente del organismo, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática.

Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU. difundió un mensaje en el que "condena" la decisión del TSJ y le pide al gobierno de Venezuela que "permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos".

¿Qué significa el fallo del TSJ?

Con esta decisión, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia asume las competencias del Parlamento venezolano.

En la oposición, se compara el episodio con el "fujimorazo", como se conoce a la disolución del parlamento de 1992 por el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, quien, a partir de allí, gobernó con mano dura.

Pero el TSJ ya consideraba nulas las actuaciones del Parlamento desde poco después de que la oposición ganara las elecciones de diciembre de 2015 y tomó el control del órgano por primera vez desde que en 1999 Hugo Chávez llegó al poder.

Según el TSJ, la Asamblea se encuentra en "desacato".

Pero, según denuncian diputados opositores, esta es la primera vez que el más alto tribunal de Venezuela se atribuye la capacidad de hacer las leyes, no sólo pararlas.

"Ésta no es una sentencia más, es una sentencia que marca un punto de no retorno de la dictadura que requiere iniciar un nuevo proceso de movilización y resistencia para enfrentar esta arremetida", dijo Freddy Guevara, diputado de Voluntad Popular.

Sin embargo, el analista Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, considera que el fallo de la Sala Constitucional no afecta en nada el ya diezmado poder que ha tenido el Parlamento venezolano desde su instalación en enero de 2016.

"Desde hace mucho rato, la Asamblea no ha tenido poder real para cumplir sus funciones. Sus competencias han sido completamente tomadas por el Tribunal. Se trata de una acción de facto que evolucionó a una acción explícita, donde el TSJ se evita la molestia de tomar decisiones individuales y asume todas las funciones directamente", opina.

"No pasa nada en términos empíricos, sino simbólicos", agrega el analista.

¿Por qué está la AN en "desacato"?

La situación de desacato fue dictada por el propio TSJ tras la decisión de la Asamblea de incorporar, en agosto de 2016, a tres diputados del estado de Amazonas, cuya elección había sido impugnada poco después de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.

Los legisladores indígenas Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana fueron electos en unos comicios en los que la oposición obtuvo mayoría en la Asamblea tras más de una década dominada por el oficialismo.

Pero el oficialismo impugnó la elección de estos tres diputados por considerar que hubo fraude y las autoridades pertinentes comenzaron a investigar.

Con esos tres diputados la oposición lograba tener lo que se conoce como supermayoría en la Asamblea, lo que le habría permitido reestructurar al propio TSJ o hasta convocar a un referendo revocatorio.

Pero en enero de 2016, el TSJ de Venezuela declaró como carente de "validez, existencia y eficacia jurídica" la juramentación de los tres diputados de la oposición y su incorporación al parlamento por considerarla una "violación flagrante del orden público constitucional".

Actualmente los tres diputados no están ejerciendo funciones por decisión de la propia Asamblea.

Sin embargo, el TSJ sigue manteniendo su posición, lo cual ha llevado a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a acusar al máximo tribunal de cercenar el parlamento para favorecer al gobierno.

Desde hace meses el TSJ ha considerado que todas las decisiones de la AN son nulas.

¿Cuál es la argumentación del TSJ?

La sentencia es una respuesta a un "recurso de interpretación" de la Corporación Venezolana del Petróleo, filial de PDVSA, interpuesto el pasado 28 de marzo.

El recurso buscaba respuesta a cómo interpretar la norma constitucional que atribuye a la AN la formación de empresas mixtas (del Estado en asociación con el sector privado) siendo que el Legislativo está en "desacato".

El TSJ recuerda que, como ya estableció en enero de 2016, la situación de desacato "incapacita al Poder Legislativo para ejercer sus atribuciones constitucionales de control político de gestión".

Y el máximo tribunal venezolano apela al artículo 336.7 de la Constitución para declarar que existe "omisión inconstitucional parlamentaria" es decir, que el legislador "ha dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución".

Ese artículo le atribuye al TSJ la competencia para establecer "lineamientos de corrección" en el caso de omisión inconstitucional parlamentaria.

Y es en ese sentido que resuelve, además de atribuir al gobierno la competencia para la creación de empresas mixtas, lanzar la polémica advertencia de que se ocupará de garantizar que las competencias parlamentarias sean asumidas por la Sala Constitucional.

¿Cómo ha respondido la oposición?

El diputado Julio Borges, cuya condición de presidente de la AN tampoco reconoce el TSJ, anunció que desconocen esta sentencia.

"Esta Asamblea Nacional desconoce al TSJ, ellos se escogieron a ellos mismos, a nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos", enfatizó.

"Es la primera vez que estas sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana, para dar los contratos que le da la gana y para endeudar al país como le dé la gana (...) es un golpe de Estado con todas sus letras, es una dictadura", fustigó Borges.

Borges afirmó que los diputados seguirán ejerciendo sus funciones y anunció que convocarán a movilizaciones de calle a realizarse el sábado y la próxima semana.

Analistas políticos consultados por BBC Mundo coinciden en que la oposición tiene escaso margen de maniobra política para enfrentar el fallo: recusar la decisión ante el Poder Judicial es tanto un supuesto negado como una derrota garantizada; y apelar por la protesta de calle es difícil, toda vez que la popularidad de sus líderes está menguada.

"Y la capacidad de la comunidad internacional para dar una respuesta efectiva a esta situación es muy limitada", considera el analista político Guillermo Tell Aveledo, profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas.

"El impacto de las sanciones de la OEA es mínimo. Esas medidas solo agravarían la situación interna en Venezuela, que vive en riesgo de default e insolvencia fiscal. Ello no genera un efecto específico sobre un Gobierno que aún tiene el comodín de las ganancias por la venta del petróleo", explica el profesor.

¿Qué puede pasar a partir de ahora?

Ante lo reciente de la decisión y en un contexto en el que desde hace meses cualquier acción de la Asamblea es anulada, las consecuencias en el plano concreto son inciertas, más allá del llamado opositor a protestar en la calle y la "preocupación" expresada por países como México.

Según la agencia de noticias Reuters, la medida del TSJ puede llegar a ser una buena noticia para algunas compañías petroleras extranjeras que temían retrasos en sus proyectos ante una advertencia previa de la oposición de que los acuerdos de inversión que no pasarían por el congreso ni serían válidos.

En medio de una profunda crisis económica, Venezuela busca levantar fondos para pagar su pesada deuda externa y una de las vías es la venta de su parte en diversos yacimientos.

La estatal petrolera PDVSA ofreció recientemente a la rusa Rosneft una participación en la empresa conjunta Petropiar, señala Reuters.

De hecho, la primera medida del TSJ con esta nueva autoatribuida potestad fue autorizar al presidente Nicolás Maduro a crear empresas mixtas en el área petrolera sin tener que pasar por la AN como exigía la normativa.

Tell Aveledo subraya que el gobierno logró el control y directo de las operaciones del crédito público, sin necesidad de someter créditos internacionales, por ejemplo, a la auditoría y aprobación del Parlamento venezolano.

"Este control financiero es la competencia que más deseaba el gobierno del Parlamento, anulando definitivamente a la AN sin necesidad de hacerlo con tanques y confrontación en la calle", opina.

Habrá que ver si es la intención del gobierno tomar la instalación de la AN en el centro de Caracas y si eso pudiera hacer escalar el nivel del conflicto.

*Con reportería adicional de Gustavo Ocando, en Caracas.

LA OTRA SENTENCIA POLÉMICA

Dos días antes de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitiera el fallo en el que se abroga oficialmente las funciones legislativas de la Asamblea Nacional (AN), el organismo publicó una sentencia relacionada.

Fue la respuesta a una solicitud de interpretación hecha por el diputado oficialista Héctor Rodríguez acerca de lo que calificó como "la inconstitucionalidad del acto parlamentario (…) sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela".

Lo anterior es parte de la sentencia publicada el 28 de marzo en el sitio web del tribunal, que está a cargo de interpretar todos los asuntos constitucionales que rigen al país.

Entre los varios aspectos a los que se refiere el texto, destacan los siguientes:

1.-Autoriza al presidente a tomar cualquier acción que considere necesaria para "conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática".

Y prosigue:

"Se ordena al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que (…) tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción".

2.- Abre la puerta a la realización de juicios a los parlamentarios debido a que la sentencia indica que:

"Los actos cometidos por los diputados de la Asamblea Nacional al aprobar el Acuerdo Sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA (…), se constituyen en delitos tipificados en el Código Penal, específicamente el de Traición a la Patria".

3.- Asoma la posibilidad de que los legisladores puedan ser sometidos a tribunales militares:

"Ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (…) y el Código de Justicia Militar -pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar".

Esto ocurriría porque:

4.- La sentencia desconoce la inmunidad parlamentaria de los diputados de la AN, ya que la misma "sólo ampara (…) los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional) y, por ende, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales".