Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate* // “Vivimos en el mejor de los mundos, no hay alternativa posible”. Este es el mensaje con el que nos llevan bombardeando durante décadas, de manera machacona: el capitalismo ha triunfado y no tiene oposición. Máxima que se mantiene aún hoy, incluso en los tiempos que corren, donde se evidencia el colapso ecológico en el que nos encontramos, las crecientes desigualdades que nos asuelan, la violencia y la exclusión como pan de cada día. “Dentro del sistema, todo; fuera, el abismo”, añaden ahora, ante el oscuro panorama que se nos ofrece a la humanidad y al planeta. De esta manera, como cada vez se hace más complicado vender las virtudes del sistema, centran sus esfuerzos en destruir toda iniciativa, propuesta, agente y proceso que ose marcar otras sendas por las que avanzar. El marco de lo posible —nos siguen diciendo— es tan estrecho como el que define la lógica capitalista y la democracia formal. Se impone un imaginario dentro de este minúsculo margen, que tratan de inocularnos hasta que parezca pensado por nosotras mismas: no hay bienestar sin crecimiento económico; los problemas ecológicos tienen solución tecnológica; el comercio y la inversión son premisas del desarrollo; si a las grandes corporaciones les va bien, nos irá bien a todos y todas. Precisamente, son las empresas transnacionales, principales protagonistas del sistema vigente, quienes más interés tienen en sostener y difundir este imaginario, como vía para mantener y ampliar un poder sin igual en la historia: actualmente, 69 de las 100 principales entidades económicas mundiales son empresas y solo 31 Estados.
A la vez, su acceso e incidencia en las decisiones estratégicas es enorme a través de la labor de lobby, de la corrupción y de las “puertas giratorias” —auténticas camas redondas público-empresariales, en realidad—; manejan la información y la comunicación a través del control de seis grandes conglomerados mundiales; y han impuesto un marco jurídico global plagado de tratados de comercio e inversión, que configuran una arquitectura de la impunidad que sitúa en un altar la seguridad en las inversiones, mientras que los derechos humanos y de la naturaleza se arrodillan. “Las instituciones financieras multilaterales son necesarias para garantizar la estabilidad de los países” y “los tratados de libre nos benefician a todos, quedarse fuera es rezagarse en el progreso”, nos repiten cual mantra.
Pero por mucho que insistan, cada vez más comunidades, movimientos sociales y gobiernos populares tienen claro que sí hay alternativas, y que todas ellas transitan por caminos antagónicos a los hoy dominantes. Son alternativas no solo teóricas, sino sobre todo prácticas, demostrando que se hace camino al andar y que la disputa es aquí y ahora, para ganar nuestro presente y nuestro futuro. No hay término ni vía intermedia: o apostamos y defendemos la vida, o nos hundimos con el capital. El imaginario hegemónico se rompe y se cuestiona desde la raíz.
Así, por ejemplo, en 2008 se remunicipalizó el servicio del agua en París, frente a la oposición de las dos más grandes empresas mundiales del sector (Suez y Veolia), demostrando la viabilidad de lo público frente a la avaricia corporativa. A su vez, Bolivia había denunciado en 2015 todos y cada uno de los 22 tratados bilaterales de comercio e inversión firmados hasta esa fecha, cancelando en 2006 su deuda con el FMI y poniendo fin a su adhesión a los tribunales de arbitraje del Banco Mundial, sin hundirse ni mucho menos por ello. Y podemos destacar también, entre muchas otras experiencias, el caso de la empresa de producción de té FRALIB, recuperada en Marsella por los y las trabajadoras, evidenciando la posibilidad de que estas dirijan la misma sin patrón alguno —y además desde una perspectiva agroecológica—, frente al gigante Unilever, que pretendía deslocalizar dicha planta en Polonia en busca de menores costos laborales.
Este es el punto de partida de Alternativas al poder corporativo, un libro que recoge 20 propuestas y 90 medidas políticas frente al poder de las grandes empresas, fruto de la sistematización de 30 experiencias de resistencia, regulación y propuesta alternativa en América Latina y en Europa. Se trata de plantear, de esta manera, toda una agenda de confrontación con las multinacionales —que necesariamente debe ser aterrizada a contextos y agentes específicos— cuya meta es, en última instancia, contribuir a la movilización social y a la agencia política frente al poder corporativo y al capitalismo, a partir de la sugerencia de una respuesta humilde pero articulada a las preguntas sobre qué, hacia dónde y cómo hacerlo.
1. Apuesta inequívoca por la vida frente al capital. Los contextos climático y energético están poniendo en riesgo la vida tal y como la hemos conocido, y por ello es necesario disputar espacios a los mercados, la ganancia y el lucro, posicionando en sentido contrario el bien común, la democracia, el trabajo y la sostenibilidad. Es fundamental incidir en la impostergable transición energética, como propone la cooperativa vasca sin ánimo de lucro GoiEner que, además de garantizar consumo de energía renovable a sus socias, se plantea la producción local y social como horizonte. A su vez, es fundamental priorizar la defensa de la tierra y el territorio frente a los megaproyectos, tal y como nos muestran miles de experiencias de resistencia, de entre las que destacamos la articulación de campesinos, maestras y comunidades del istmo de Tehuantepec (México) frente a los “desiertos eólicos”, en los que participan empresas como Iberdrola. Esta defensa del territorio en ningún caso conlleva obviar la apuesta global, como ejemplifica la red de articulación internacional de sindicatos y movimientos en torno a la empresa minera brasileña Vale, con nodos que van desde Canadá a Mozambique.
2. Defensa de la democracia y avance del poder popular. Frente a la democracia de baja intensidad, la única vía posible es la de fortalecer la regulación y ampliar los procesos participativos. Destacamos aquí la propuesta de un Tratado de los pueblos impulsada por la campaña global Desmantelando el Poder Corporativo, que defiende un sistema jurídico internacional en favor de los derechos humanos y de la naturaleza frente a la lex mercatoria. Igualmente son muy valiosos ejercicios de democracia directa como las consultas populares realizadas en muchos lugares del mundo frente a la arremetida de los megaproyectos, desde la celebrada en 2005 en Sipakapa (Guatemala), ante el rechazo popular a la entrada de la minera canadiense Goldcorp, al referéndum realizado en 2011 en Italia en favor del agua como derecho y servicio público, hito de soberanía popular frente a la privatización.
3. Construcción de economía alternativa. Es fundamental demostrar la viabilidad de otros principios y sistemas viables de entender la economía, más allá de la hegemonía absoluta de mercados y grandes empresas. Así, es importante aprender del ejemplo de REAS en el Estado español, una red que integra producción basada en el trabajo, mercado social y finanzas en un sistema de intercooperación articulado y en expansión. O del movimiento de la Vía Campesina, que impulsa procesos de reforma agraria, apoyo a las economías campesinas y al modelo agroecológico a partir del enfoque de soberanía alimentaria, tal y como propone también el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Podemos destacar también el intento de generar nuevas institucionalidades basadas en la autogestión, como el proyecto de comunas venezolanas.
4. Redistribución radical de bienes y trabajos. No hay emancipación sin igualdad, por lo que redistribuir es preceptivo. Y no nos referimos únicamente a los recursos sino que, dentro de una lógica de desmercantilización, ampliamos la mirada a la propiedad de todo aquello que resulte fundamental para la sostener la vida, así como de todos los trabajos necesarios en ese sentido. Destacamos así la apuesta por una compra pública socialmente responsable, como la impulsada en el Estado español a través de muchos ayuntamientos; la incidencia en favor de una fiscalidad internacional que ponga fin a los paraísos fiscales y a la evasión y elusión fiscal; la realización de auditorías para el impago de la deuda y la nacionalización de empresas y sectores estratégicos como las llevadas a cabo en Bolivia y Venezuela en la última década. Además, tenemos mucho que aprender de planes de igualdad como el hoy vigente en Gipuzkoa, que aborda de manera novedosa y emancipadora aspectos cruciales como los cuidados y las asimetrías de género.
5. Estrategias corresponsables y articuladas local-globalmente. Para avanzar en términos de poder popular es fundamental, ahí donde sea posible, el esfuerzo combinado de instituciones, movimientos sociales y comunidades. Gobiernos que regulen y también favorezcan la emancipación, organizaciones sociales que sostengan la agenda de transformación estructural desde una lógica de transición. Este ha sido el caso del Programa Campesino en Porto Alegre (Brasil), con el que se han articulado organizaciones campesinas, sindicatos urbanos y la municipalidad para impulsar una estrategia de alimentación saludable y transición agroecológica conjunta. Al igual que el caso de Nápoles, donde la municipalidad otorga valor jurídico a los procesos de autogestión, ensayando nuevas institucionalidades alternativas.
No podemos caer en el desánimo. Frente al imaginario único, hay muchos otros imaginarios, viables, en marcha, que disputan espacios al capital. Esperamos que este y otros trabajos parecidos sirvan para ponerlos en valor y multiplicar su fuerza. Los pueblos y comunidades sí tenemos alternativas, sí hay otros mundos posibles.
Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
