Companys, el presidente de la Generalitat al que Azaña despreciaba y que acabó fusilado

Lluís Companys fue condenado dos veces por rebelión. En 1935, con plenas garantías legales, y en 1940, sin ellas. El resultado de ambas fue dispar: la primera sentencia, a la que se ha referido Pablo Casado del PP, consistió en una pena de 30 años de cárcel, de los que finalmente cumplió apenas uno y medio, mientras que por la segunda, que fue a muerte tras el final de la Guerra Civil, lo fusilaron. Y es que en caso de sufrir una condena, siempre parece mejor idea contar con un Estado de derecho. Sin él, la violencia se impone. Esta podría ser una de las lecciones de la muerte de Companys, pero los independentistas han preferido forjar su propio mito.

No hace falta buscar precedentes: la misma semana pasada, mientras en las calles de Barcelona miles de personas envueltas en esteladas se agolpaban en torno a la plaza Catalunya en la madre de todas las diadas, el PSOE ultimaba los detalles de una Proposición No de Ley en el Congreso para invalidar la sentencia de muerte promulgada en 1940 que acabó con Companys frente al pelotón de fusilamiento en el castillo de Montjuic, el 15 de octubre de 1940.

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Los socialistas sabían que la anulación no iba a devolver la vida al que fuera 'president' de la Generalitat en el exilio cuando fue ejecutado, aunque no es tan seguro que considerasen que además de no tener carácter jurídico, la historia ya ha dejado en su lugar el acto vengativo de Franco, escenificado en una farsa de juicio ejecutado por un tribunal militar.

Los duros reproches de Azaña

Sin embargo, lo más rocambolesco de todo es que la sentencia de 1940 lo condenó a muerte por 'adhesión a la rebelión militar', un delito 'ad hoc' creado por los franquistas tras su victoria. Obviando el evidente tinte kafkiano de que unos rebeldes militares condenaran a Companys por la única rebelión que no había cometido, esta podría ser incluso falsa, si nos atenemos a las memorias de Manuel Azaña. De su lectura, se puede deducir que Companys y su Govern hicieron más bien poco por sumarse a la causa republicana, que es de lo que les culpaban los franquistas.

Companys y su Govern hicieron más bien poco por sumarse a la causa republicana, que es de lo que les culpaban los franquistas

“Su deber más estricto, moral y legal, de lealtad política, e incluso personal, era haber conservado para el Estado desde julio acá, los servicios, instalaciones y bienes que le pertenecían en Cataluña. Se ha hecho lo contrario. Desde usurparme (y al Gobierno de la República, con quien lo comparto) el derecho de indulto, para abajo, no se han privado de ninguna transgresión, de ninguna invasión de funciones”.

Así le reprochaba el presidente de la República, Manuel Azaña, a Carles Pi i Sunyer, durante una conversación en Madrid el 19 de septiembre de 1937, hace ahora 80 años, la actitud del presidente Companys durante el transcurso de la Guerra Civil —Manuel Azaña, ‘Diarios completos’, Crítica, 2004—. Le acusaba directamente de entorpecer al Gobierno de la República y dificultar la marcha de la guerra, beneficiando 'de facto' a las tropas de Franco.

“Asaltaron la frontera, las aduanas, el Banco de España, Montjuic, los cuarteles, el parque, la Telefónica, Campsa, el puerto, las minas de potasa… ¡Para qué enumerar! Crearon la Consejería de Defensa, se pusieron a dirigir su guerra, que fue un modo de impedirla, quisieron conquistar Aragón, decretaron la insensata expedición a Baleares, para conseguir la gran Cataluña…”.

La incesable amenaza independentista

Las acusaciones de insolidaridad, deslealtad y fanatismo nacionalista corto de miras ante la magnitud de los acontecimientos, provenían ni más ni menos de quien había avalado la amnistía de Lluís Companys y el resto del Govern, condenados en 1935 por el golpe de octubre de 1934. De hecho, Azaña se lamentaría de que aprovechando la rebelión militar del 18 de julio, volvieran a la carga con un plan aún más rupturista que el de octubre de 1934.

Azaña se lamentaba de que, aprovechando el 18 de julio, Companys volviera a la carga con un plan más rupturista que el de octubre de 1934

“Ustedes desde la Generalidad no han proclamado una revolución nacionalista o separatista. Querían hacerla pasar a favor del río revuelto. Un programa del 6 de octubre, ampliado. Ya que entonces no pudieron ustedes contar con el levantamiento de los sindicatos que no les importa nada el Estatuto, han aprovechado el levantamiento de julio y la confusión posterior para crecer impunemente, gracias a la debilidad en que la rebelión militar dejaba al Estado (…) ha vivido no solamente en desobediencia, sino en franca rebelión e insubordinación, y si no ha tomado las armas para hacerle la guerra, será o porque no las tiene o por falta de decisión o por ambas cosas, pero no por falta de ganas, porque la intención está conocida”.

El presidente de la República, que había criticado a Alejandro Lerroux por la represión del golpe de 1934, tuvo sus dudas cuando le tocó a él sufrir por segunda vez la amenaza independentista. Azaña se daba de bruces con una dinámica que 80 años después se ha constatado con toda su crudeza: los planes independentistas no solo no retroceden, sino que avanzan. Así ocurrió después del fallido intento del 6 de octubre de 1934, durante la Guerra Civil (1936-1938) y así ha ocurrido ahora.

“Las extralimitaciones y abusos de la Generalidad y la mayor parte de los decretos publicados por sus Gobiernos son de tal índole, que no cabe ni el federalismo más amplio. ¿Qué significan? Añada usted el tono general de los periódicos catalanistas, de los discursos y arengas oficiales, su ambigüedad, cuando no su descaro. Delegaciones de la Generalidad en el extranjero. Eje Bilbao-Barcelona…”.

En manos de la Gestapo

Finalmente, la República perdió la guerra y Azaña y el 'president' huyeron a Francia. Sería allí donde en 1940 la Gestapo detendría a Lluís Companys, reclamado por las autoridades franquistas. El 'president' en el exilio había permanecido en Francia a pesar de la invasión nazi, no por ninguna lealtad patriótica o deber de gobernante en el exilio, sino por una razón sin duda más poderosa: ocuparse de su hijo enfermo, Lluíset, ingresado en un psiquiátrico francés.

Le acompañaba su mujer, Carme Ballester, quien fuera miembro de Estat Catalá, el partido que impulsó con más ímpetu la rebelión del 6 de octubre de 1934. Trasladado a Barcelona, el segundo juicio de Companys no tuvo historia. Si en 1935 cinco magistrados emitieron un voto particular desfavorable a la sentencia de los otros 15 magistrados que le condenaron por el delito de rebelión militar, en 1940 fue unánime. Fulminante. Poco después de su muerte, en 1943, su amigo Ángel Ossorio y Gallardo, político maurista en sus orígenes y abogado defensor en el proceso de Companys de 1935, escribiría una hagiografía sentando las bases de la elevación a los altares del nacionalismo de Lluís Companys.

Si en 1935 cinco magistrados emitieron un voto particular desfavorable a la sentencia de los otros 15, en 1940 fue unánime. Fulminante

Cuando el PSOE presentó su propuesta el pasado 12 de septiembre, coincidiendo con la mayor amenaza independentista desde los tiempos de Companys, se encontró con el voto en contra del PP y de ERC. Los últimos no esperaban dejarse arrebatar la figura mítica del nacionalismo. Acusaron a los socialistas de tibieza al no declarar nulas las sentencias franquistas como ya había hecho el Parlament antes de verano. Ni siquiera sobre la repulsa a la sentencia de Companys pudieron ponerse de acuerdo con ERC. En el fondo, su argumento no distaba mucho del argumento del PP: la Ley de Memoria Histórica ya contemplaba el supuesto y la proposición no añadía nada nuevo.

Nadie ha querido recordar estos días que en 1940, la Gestapo estaba buscando también a Josep Tarradellas, escondido en Francia como Companys. El 'conseller' de Finanzas de la Generalitat consiguió huir a Suiza y sería el último 'president' de la Generalitat en el exilio antes de retornar a España en 1977 para restablecer el Estatut que vulneró primero el propio Companys —por dos veces, en 1934 y durante la Guerra Civil— y que después anularía Franco. A Tarradellas, que simbolizó el autogobierno de Cataluña dentro de España, no lo homenajea nadie.