El fiscal pide 10 años de cárcel a los policías que falseaban huellas en escenas del crimen

La Fiscalía ha solicitado 10 años de prisión para dos de los policías de la comisaría de Carabanchel que manipularon huellas en al menos tres investigaciones llevadas a cabo entre 2013 y 2014 con la finalidad de reforzar las pruebas y condenar a las personas que habían detenido. El ministerio público les acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial y de otro ilícito penal de falsedad documental. Se trata de los funcionarios César B. C. y Francisco M. C., que protagonizaron manipulaciones reiteradas el 18 de septiembre de 2014.

Ese día, ambos policías llevaron a cabo la inspección ocular de un domicilio que acababa de ser robado. En concreto, era un piso de la calle Inmaculada Concepción de Madrid. Los agentes habían detenido a Aurel R., Lazar I. F. y Constantin A. como presuntos autores del atraco y querían que no hubiera duda de que habían sido ellos los culpables. Por eso colocaron sus huellas dactilares en distintas dependencias de la casa así como en un vehículo y en un segundo domicilio que había sido igualmente robado.

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En concreto, cogieron una "superficie de papel" en la que habían impreso las huellas auténticas de los detenidos y la superpusieron sobre un estuche de cartón blanco que había en el primer piso, en una caja de bombillas que estaba dentro del mencionado coche y en otra caja de cigarrillos y una tercera de medicamentos que fueron encontradas en la casa de la madrileña calle del Marqués de Jura Real.

La Fiscalía también acusa a los policías José Francisco G. E. e Isidro F. U., compañeros de César B. C. y Francisco M. C., de imprimir igualmente las huellas dactilares en otras dos diligencias de investigación. En una de ellas, el 1 de agosto de 2014, José Francisco G. E., acompañado de César B. C, superpusieron artificialmente las huellas del detenido Juan Carlos S. V. en el libro de instrucciones de la silla portabebés de un vehículo que había sido robado y que fue trasladado hasta las dependencias policiales de Carabanchel para ser analizado. De este modo, reforzaban las pruebas que indiciariamente había contra el arrestado de cara a un proceso penal.

Por su parte, Isidro F. U., en colaboración con Francisco M. C., llevó a cabo la misma falsificación —mediante la superposición de huellas— en la radio de una furgoneta Fiat Ducato que había sido robada y trasladada a la comisaría de Carabanchel. Los dos funcionarios llevaron a cabo esta manipulación de pruebas el 10 de diciembre de 2013 con igual fin que en las anteriores ocasiones, para reforzar los indicios que había contra el sospechoso de haber llevado a cabo el robo, que en este caso era Judith R. R., detenida por estos hechos en la mencionada fecha.

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Según fuentes policiales, los cuatro agentes llevaban a cabo estas prácticas con el fin de ofrecer a sus superiores buenas estadísticas de captación de delincuentes y cumplir de este modo los objetivos previstos. Para la Fiscalía, sin embargo, todos ellos merecen ahora penas de prisión por realizar estas falsificaciones: 10 años para los dos primeros y cuatro años de cárcel para los dos últimos. Asimismo, el ministerio público reclama que los dos primeros abonen una multa de 8.400 euros y los dos segundos, una de 2.400 euros cada uno.

El escándalo de la falsificación de pruebas en la comisaría de Carabanchel —que saltó a la luz pública en enero de 2015— conllevó la fulminante destitución de la que por aquel entonces era la comisaria de las dependencias, Gloria Martínez, que fue cesada del cargo en diciembre de 2014, justo cuando los investigadores de Asuntos Internos comenzaron a tener más claras sus sospechas sobre las manipulaciones llevadas a cabo por el grupo de funcionarios.