Recientemente se ha puesto nuevamente en agenda de discusión en  la comunidad jurídica dominicana la preocupación sobre la situación de la enseñanza del Derecho en nuestro país. Planteamientos disímiles, se han manifestado sobre  las causas del nivel de formación de nuestros juristas, desde las deficiencias de la educación intermedia y su impacto en la educación superior, hasta la  metodología de enseñanza en las facultades, acusada de improvisada y verbalista; la desactualización de los programas; reformas con carencia de criterios en los planes de estudio; la deficiencia del cuerpo docente, entre otras.

Entendí oportuno, en mi condición de Decano de Derecho  de una prestigiosa Casa de Altos Estudios, APEC, plantear mi modesto parecer al respecto. 

Es de rigor hacer el planteamiento que propusiéramos hace unos años, a raíz de la discusión sobre la regulación de la profesión. Establecíamos la importancia de contar con profesionales del derecho con las condiciones idóneas, para que el sistema de justicia pueda cumplir con sus propósitos es necesario que sus elementos  estén a la altura de sus necesidades. Aunque no es el único importante, ni suficiente por sí solo, el elemento humano es determinante para su éxito o fracaso.  Casi todas las personas que intervienen en él en capacidad de tomadores de decisiones, como proponentes de una sanción o como defensores de los imputados son profesionales del Derecho.  En todos los pasos del proceso de recopilación de información y toma de decisión final intervienen abogados.  Incluso, los abogados son instrumentales en evitar que los conflictos tengan que llegar al sistema de justicia, ofreciendo a sus clientes los consejos necesarios para ello.

Ningún sistema de justicia puede ser eficaz, eficiente o efectivo si no cuenta con un cuerpo de abogados lo suficientemente preparados como para ofrecer servicios jurídicos adecuados a los ciudadanos. Si los ciudadanos sienten que no pueden confiar en los abogados, entonces el sistema de justicia pierde legitimidad. Cuando el ejercicio de la profesión jurídica entra en crisis por causa de abogados mal preparados, uno de los pilares del Estado Constitucional de Derecho se resquebraja.

Asumiendo lo anterior podremos decir que la formación del profesional de Derecho se ha visto enfrentada a distintos fenómenos que han obligado a una revisión de sus esquemas de trabajo y de los principios que debe fundamentar. Entre estos fenómenos podemos mencionar: la diversificación del objeto del conocimiento; el cambio en la forma de intervención del profesional del Derecho, es decir,  el cambio del papel del abogado; los cambios de legislación; la importancia del Derecho para la vida social, ya no en la medida de su estabilidad, sino en razón de su capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias y los nuevos tiempos;  y, por supuesto, el papel del Derecho en el desarrollo de las naciones.

Los fenómenos enunciados no pretenden ser exhaustivos de todos los factores que, en el momento actual, están gravitando sobre la formación de los profesionales del Derecho en nuestro país, aunque consideramos que son éstos los que, ya en el plano particular de la formación profesional, están ejerciendo una decisiva influencia sobre las metas que nuestras facultades de Derecho tienen por delante.

Refiriéndose a la educación en sentido general en el 1973, Paulo Freire, en su conocida obra “Pedagogía del Oprimido”  describía de manera palmaria la situación de la relación profesor estudiante en la educación en ese entonces, situación que me atrevería a decir, no ha cambiado mucho a pesar de más de cuatro décadas de este planteamiento, argumentaba el brasileño “cuanto más analizamos las relaciones educador educando, dominante en la escuela actual, en cualquiera de sus niveles ‘o fuera de ella’, más nos convencemos de que estas relaciones son de naturaleza fundamentalmente narrativa, discursiva y disertadora. Narración de contenidos, agrega Freire, que por ello mismo tiende a petrificarse o a transformarse en algo inerme, sean estos valores o dimensiones empíricas de la realidad. Narración o disertación que implica un sujeto, el que narra, y objeto paciente, oyentes, los educados. Es lo que el mismo denomino  “la concepción bancaria de la educación”.

Esa concepción debemos nosotros como academia abolirlas de nuestras aulas universitarias y pasar a la educación entendida como creación de conocimientos, donde los estudiantes desarrollen su poder de captación y compresión del mundo que, en sus relaciones con él, se le presenta no ya como una realidad estática y ordenada, sino como una realidad en transformación. En síntesis, de una educación asistencial debemos pasar a una educación esencialmente crítica, abierta y creativa, es decir, una educación enfocada a “aprender a ser”. La educación se transforma en aprender a aprender, como el camino de dar continuidad con relativa fluidez, el mundo dinámico y complejo de estos tiempos. 

Los decanatos de derecho con el impulso y apoyo de la MESCYT, tomando en cuenta su responsabilidad en la formación de los profesionales del Derecho, tenemos el gran reto de realizar un diagnóstico de la situación de la educación jurídica en nuestro país, al tiempo de plantear cuáles deberían ser las estrategias a seguir en procura de articular alternativas que, a partir de la investigación, permitan a nuestras facultades ofrecer respuestas efectivas a nuestra obligación como agentes en la formación profesional de los futuros juristas. 

A lo interno de nuestras instituciones educativas debemos reflexionar sobre nuestra contribución a la sociedad, sobre la necesidad de dejar en los egresados de nuestras facultades un espíritu y una actitud en la que se conjuguen la justicia, la ciencia, la verdad y la libertad, lo social y lo humano.