Los hechos ocurridos en penal de Topo Chico en Monterrey, Nuevo León, que costó la vida a 49 internos y lesiones a otros 12, además de la evaluación, aún temprana, de las circunstancias que desencadenaron dicho motín y víctimas pero que incluye la corrupción de las autoridades del reclusorio, así como de las condiciones de sobrepoblación de la penal y el autogobierno interno encabezado por organizaciones criminales enemigas, obligan la evaluación de las demás prisiones y, sobre todo, de la reflexión de la conveniencia social que tiene, o carece, que en la mayoría de las sentencias condenatorias en México se establezca la cárcel como pena.
Y es que las condiciones que, como bomba de tiempo, estallaron en esta riña en el penal de Topo Chico han abierto un tema largamente postergado y al que se le han aplicado medidas más bien tibias e insuficientes. Como podemos recordar, lo ocurrido en Topo Chico no es un caso aislado, aunque sí es uno de los más graves que ha ocurrido. El problema de la sobrepoblación o la corrupción son sólo algunos de los factores que abonaron al desenlace violento ocurrido entre los días 10 y 11 de febrero.
28 centros penitenciarios con "riesgo crítico"
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 28 centros penitenciarios se encuentran en condiciones de "alto riesgo" por la sobrepoblación. Según las estadísticas de Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de febrero del 2015, la población total de los centros penitenciarios es de 257,291 internos; y reporta 210 con sobrepoblación de los 387 centros, es decir el 54% de los mismos.
El hacinamiento que ocurre por esta sobrepoblación es tal que en algunos centros penitenciarios los internos ocupan celdas diseñadas para 6 a 8 personas y en las que tiene que compartir con 14 o hasta 20; cifras que están muy lejos de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas. Los riesgos que esto acarrea son muchos, en primer lugar se ofrecen una situación indigna y de sufrimiento, incluso, tachada en materia de derechos humanos como una "pena cruel", además de crear focos de insalubridad y riesgos sanitarios para los internos.
En algunos casos, internos ocupan celdas diseñadas para 6 a 8 personas y que comparten con 14 o hasta 20
Por otro lado, la sobrepoblación conmina a los internos a una situación de escasez de espacio y recursos, así como a disputas por los mismos. Esto propicia más situaciones complejas y casi imposible de enumerar, pues se crean cadenas de corrupción por los productos y recursos más básicos, así como difíciles circunstancias para los familiares que procuran abastecer las necesidades de sus internos.
Otro caso que se ve repetido en diversas cárceles son los tratos privilegiados a algunos internos que gozan de instalaciones y recursos de lujo; diferencias que derivan de la corrupción y del autogobierno interno en los reclusorios. Esto último también origina que las labores de los directivos y custodios sean insuficientes para proporcionar la seguridad a los internos.
La inalcanzable reinserción social
Desde 2008, con la reforma en esta materia, el principal objetivo de la prisión es “lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”, como se observa en la Constitución en los artículos 18 al 22. Para lograr este objetivo se busca trabajar en distintos ejes, como son: el respeto a los derechos humanos, el trabajo y la capacitación, educación, salud y deporte.
Cabe mencionar que este enfoque ha cambiado con el tiempo y también obedece a los cambios sociales internacionales en esta materia. Por ejemplo, desde 1917 y hasta 1965 se utilizaba el término "regeneración" como objetivo del sistema penitenciario, y desde 1965 hasta 2008 se planteaba como tal la "readaptación social del delincuente".
Es evidente que las cosas no marchan con plenitud para conseguir el objetivo de reinserción social
Si observamos un poco los diagnósticos realizados por distintas organizaciones al sistema penitenciario mexicano podemos darnos cuenta que las cosas no marchan con plenitud para conseguir el objetivo de reinserción social, y es que las condiciones de los reclusorios se alejan potencialmente de esto. Las estancias en los penales se vuelven una lucha por sobrevivir a las condiciones internas y no un proceso de capacitación para reinsertar a las personas a la sociedad una vez que salen.
A esto se le puede sumar tal vez una de las reflexiones más destacadas que propone México Evalúa en su documento "La Cárcel en México: ¿Para qué", sobre la efectividad de las sentencias penitenciarias y el abuso de esta clase de condenas como castigo a delitos de toda índole, incluso aquellas que podrían tener sanciones alternativas.
Esta reflexión comienza con el dato de que el 58.8% de los internos cumple sentencias de menos de tres años. Es decir, delitos relacionados con robo y otros delitos no violentos, que si bien deben ser atendidos, algunos podrían tener sanciones más apropiadas y menos costosas. México Evalúa va más allá al agregar:
"Los datos sugieren que la capacidad de persecución criminal del Estado es baja y se limita a los eslabones más débiles de la cadena delictiva."
Así pues, podemos deducir que eficientar el proceso de las sentencias y utilizar sanciones alternativas que incluyan multas, trabajo comunitario, programas de libertad condicional efectivos, por nombrar algunas, podría desahogar la capacidad ya rebasada de los reclusorios.
Otro factor a considerar es que el grueso de la población en las cárceles está conformado, además de los internos que cumplen sentencias de menos de tres años, por acusados que esperan su sentencia. Hasta 2013, en México la población penitenciaria que espera condena alcanza un alto porcentaje: el 41.3%. Como podemos ver, pareciera que las cárceles, antes que ser el castigo máximo de un sistema democrático, se ha convertido en un eslabón problemático, burocrático y corrupto que, además, trae graves problemas a los internos y a la sociedad en general.
Qué decir de las circunstancias que viven las familias enteras de los internos; familias que se ven divididas o rotas y que, a la larga, crea condiciones desfavorables para los hijos. Por ejemplo, en 2012, 80.3 % de los internos en los penales federales afirmó que jamás recibe visitas. No se necesita mucha ciencia para comprender que la reinserción social se vuelve aún más complicada.
Con esto, no se quiere decir que no se sancione a las personas que comenten delitos, y sí que el tema tiene muchas más aristas de las que parece**, sobre todo en una sociedad en la que el castigo de cárcel tiene gran aceptación como forma de resarcir el daño pero que, tal vez, crea aún más problemas, no favorece a la reinserción social que tanto pregona y no necesariamente está dirigido a las personas más peligrosas o delictivas.
Panorama general
Recientemente la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (ONU-DH) emitieron un comunicado en donde condenaron los hechos ocurridos en Topo Chico y la urgencia de trabajar desde las bases el sistema carcelario en México, "donde se combinan la violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, las debilidades de la política de rehabilitación y reinserción, serias deficiencias en las condiciones de detención y la transformación de facto de varios centros penitenciarios en lugares de reclutamiento de las organizaciones delictivas."
Así pues, podemos ver que la situación del sistema carcelario en México y todas sus aristas resultan graves y mucho más complejas de resolver de lo que parece, pues el trabajo y la urgencia de la situación actual de los centros penitenciarios exige un trabajo desde las bases, desde la repartición de sanciones hasta el enfoque objetivo y práctico de las actividades en los centros, como la capacitación efectiva de los directivos y custodios. Así como que el objetivo de reinserción social sea uno a cumplir cabalmente más allá de la letra escrita.