Servio Tulio Castaños Guzmán.

Santo Domingo.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) sugirió que deben ser “separados” del Congreso Nacional los legisladores que se prestaron a introducir el artículo 85 en las modificaciones que le hicieron al Código Procesal Penal, acción que ha generado duras críticas y protestas de diferentes sectores de la sociedad.

El director  ejecutivo de la FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán,  valoró como positiva la decisión del presidente Danilo Medina de observar la pieza y devolverla al Congreso para que sea nuevamente discutida.

El destacado jurista ponderó la posición de la diputada oficialista, Minou Távarez Mirabal de encarar con responsabilidad y solicitar al Congreso investigar quién introdujo en las modificaciones los artículos que no fueron acordados en las comisiones de estudio.

Castaños Guzmán se expresó en esos términos al participar en el programa “Reporte” que conducen los periodistas Gilbert Guzmán y Danilsa Vargas por Santo Domingo TV, canales 24 y 69 de lunes a jueves a la 5:00 de la tarde.

‘’En cualquier congreso del mundo aprobar artículos que no fueron discutidos en un código de la trascendencia del Procesal Penal podría costarle el cargo a los legisladores que hicieron esos cambios”, agregó el portavoz de la FINJUS.

Aseguró que la acción del Presidente demuestra que hay una diferencia entre un estadista y un presidente, “y Medina es mandatario que trabaja para el futuro”.

La FINJUS dijo que el Poder Ejecutivo hizo 14 observaciones, las mismas que le habían hecho a la pieza antes de que se produjeran las violaciones al Código Procesal Penal.

“Ha pedido una profunda investigación y determinar los culpables de un hecho sumamente grave que intentaron propinarle a la democracia dominicana”, apuntó Castaños Guzmán.

Propugnó además, por la creación de una comisión bicameral para así evitar las violaciones que se registraron en la pieza.

Castaños Guzmán consideró que eliminar del Código Procesal Penal el derecho de los ciudadanos de denunciar cualquier funcionario público por el mal manejo en el ejercicio de sus funciones, es un golpe mortal a la Constitución y la democracia criolla.