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La Comunidad de Software Libre de Venezuela, dividida ante el bloqueo

La comunidad venezolana de software libre ha emitido, mediante dos grupos diferentes, sus propias versiones del bloqueo a Internet en el país.

Los recientes sucesos en Venezuela han polarizado a la sociedad nacional e internacional. Una muestra es la división de la Comunidad de Software Libre de Venezuela, cuyas partes han emitido sendos comunicados respecto al bloqueo de Internet en el país.

Por un lado, un grupo de la comunidad ha enviado una petición a Change.org denominada Comunicado a favor de la libertad y neutralidad de la red. En este documento, acusan:

  1. La violación al derecho de libre acceso a la información, considerando la restricción a sitios como el servidor de imágenes de Twitter, Pastebin, Bit.ly, Zello y portales de noticias.
  2. La violación a la privacidad de los ciudadanos evidenciada por la instalación de un Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria.
  3. El corte generalizado del acceso a internet a una región del país (Táchira) por parte de la compañía nacional de teléfonos de Venezuela (CANTV).
  4. Las repetidas y consuetudinarias violaciones a la neutralidad de la red.

La respuesta

En respuesta a este comunicado -y a su publicación en la web de ALT1040-, otro grupo de la Comunidad de Software Libre lanzó su propio texto, titulado Comunidades de Software Libre de Venezuela repudian manipulación mediática (aunque también fue titulado en otros momentos como Comunidades de Software Libre de Venezuela desmienten bloqueo de Internet y Comunidades de Software Libre de Venezuela desmienten censura en Internet).

En dicho comunicado, los miembros de la comunidad señalan que “Venezuela está sumida en una ola de manifestaciones dirigidas por factores de derecha contra el gobierno venezolano“. Enumeran las acciones violentas que se han suscitado durante los disturbios, entre las que se incluyen (hablando de telecomunicaciones) “[la] destrucción infraestructura de la empresa estatal que provee de teléfonos e Internet” o “ataques cibernéticos contra más de 160 páginas web de entes públicos [como] Telesur y Venezolana de Televisión”.

Líneas adelante, los miembros señalan que:

Rechazamos que se informe de forma ambigua y poco precisa sobre los bloqueos, dando a entender a personas en el exterior del país que los sitios y servicios mencionados no pueden ser accedidos, y que hay cientos de sitios web que están bloqueados en nuestro país. Esto es rotundamente falso: son miles los sitios web con tendencia política claramente opositora que están disponibles y pueden ser accedidos en Venezuela en este momento. No hay ni una sola persona en Venezuela que pueda decir que no está enterado de lo que ocurre en el país.

Sobre el bloqueo al servidor de imágenes de Twitter, el grupo minimiza el incidente al decir que “ocurrió únicamente entre el 14 de febrero en la noche y el 15 de febrero en la madrugada, por unas cuantas horas, afectando sólo a los usuarios de la empresa pública estatal CANTV”. No desmienten que el bloqueo se haya dado desde dentro de la red de CANTV, pero sostienen que “pudo deberse a una falla interna o por medidas tomadas tras un ataque informático“.

El bloqueo a Zello

Donde se torna más interesante su comunicado es al hablar del bloqueo a Zello, una aplicación para comunicarse tipo walkie-talkie a través de canales públicos y privados. En este apartado, señalan que:

Zello es utilizado por la oposición en Venezuela como una herramienta para planear, dirigir y coordinar actos violentos, incluso asesinatos, con el objetivo de crear un ambiente de caos para infundir miedo y terror en la población con el fin político de derrocar al Presidente Nicolás Maduro para sustituirlo por un Gobierno de facto, como ya ocurrió en 2002.

Más adelante, aclaran:

Si bien ningún funcionario del gobierno bolivariano ha reconocido públicamente que la red Zello.com está siendo bloqueada por el Estado, algunos de los informáticos que suscriben este documento estamos convencidos, basándonos en pruebas técnicas, de que sí hay un bloqueo a Zello desde Venezuela. Como venezolanos, estamos en contra de los bloqueos a aplicaciones y redes sociales, pero creemos que, por encima del derecho a la libre información, está el derecho a la vida.

La afirmación es categórica -de hecho, después se utiliza como subtítulo de otro apartado- y demuestra cuál es la postura de esta facción de la comunidad de software libre. Hay una justificación al bloqueo, basado en un argumento de desestabilización del gobierno y amenaza a la vida pública. Bajo esta perspectiva, no sólo se hace una apología de la censura a un servicio (entiéndase censura como un acto gubernamental para impedir el acceso) sino que se demanda que Zello coopere con el gobierno de Venezuela.

Cito:

Queremos recordarle a los dueños de la empresa Zello.com que Venezuela es un país soberano e independiente y que, así como ellos están obligados a a trabajar con los cuerpos de seguridad estadounidenses cuando la red Zello es usada por alguien para cometer delitos, así mismo les exhortamos a que trabajen en conjunto con el gobierno venezolano para bloquear de la red a terroristas y personas que emiten mensajes que estimulan la violencia y ponen en peligro la vida de ciudadanas y ciudadanos venezolanos.

¿Hemos escuchado eso antes? Claro que sí. En lo particular, me ha recordado al incidente de los disturbios de Londres en 2011, en el que se utilizó a BlackBerry Messenger como un mecanismo para coordinar la protesta. En ese momento, RIM se prestó a cooperar con el gobierno inglés, aun con las críticas encima sobre violaciones a la privacidad.

¿Es un escenario similar el que espera este grupo de la comunidad de software libre? ¿Uno en el que Zello provea al gobierno de Venezuela los datos sobre estos “terroristas” mediante la vigilancia de comunicaciones? El mensaje es paradójico:

Somos defensores de la libertad de expresión y de libre información, pero insistimos: por encima de ese derecho está el derecho a la vida. Si la empresa Zello, o cualquier otra empresa nacional o extranjera, no quiere ayudarnos a preservar ese derecho, apoyaremos al gobierno venezolano en las acciones que tenga que tomar para que dicha empresa no opere en Venezuela.

Curiosamente, también se ha manejado la versión de que Zello es únicamente un distractor.

Más bloqueos, ¿cómo y hasta dónde?

La misiva también hace una apología del bloqueo al hablar de Pastebin (“dicha página se está usando para distribuir instrucciones para realizar un “webhive” [ataque informático por negación de servicio] contra más de 160 páginas web del Estado venezolano”) y del bloqueo de Internet a Táchira (“[se] ha denunciado la presencia de grupos paramilitares contratados por personas interesadas en promover acciones separatistas en este importante estado fronterizo venezolano”).

Sin embargo, pese a las críticas que he emitido a lo largo del texto, no pretendo que esta pieza sea una descalificación. El tema es mucho más complejo que una polarización de negro/blanco o izquierda/derecha. A propósito, me parece que el siguiente fragmento es el más lúcido del comunicado.

Exhortamos al gobierno del Presidente Maduro a ser muy cuidadoso con los bloqueos a páginas web que decidan realizar en este momento de contingencia. Los bloqueos, en nuestra opinión, deben ser temporales, deben debatirse por un equipo multidisciplinario, y deben utilizarse principalmente cuando la vida de personas esté en juego.

[…] Exhortamos a que, en aquellos casos donde se decide hacer uno, se actúe con transparencia, emitiendo comunicados públicos que expliquen las razones y la duración del mismo, e incluso que se abran canales de comunicación con la empresa extranjera responsable de dicho sitio web -en aquellos casos en los que sea prudente y necesario- para notificarle de las acciones a tomar para que dicho bloqueo sea eliminado.

El debate de las limitaciones de seguridad y libertades individuales es común en todas las sociedades, en especial, sobre el uso de la tecnología. Venezuela, por supuesto, no está exenta de esta discusión; mucho menos en su coyuntura actual.

La propuesta de esta comunidad es técnicamente racional (aunque cuestionable en varios aspectos); en el fondo, también es una crítica a la forma en que el gobierno de Venezuela ha manejado sus acciones y su discurso. Su concepto de “censura necesaria” puede parecernos radical para quienes vivimos en otras sociedad democráticas, pero sería ingenuo creer que los gobiernos no están constantemente tentados a la restricción de la libertad de expresión en pos de otros intereses -seguridad nacional, derechos de autor, tratados internacionales, you name it-.

Este es un apartado digno de ponerse sobre la mesa, no sólo en Venezuela, sino en cada sociedad de América Latina. Aunque mi postura es que la censura nunca es el camino a seguir, es de reconocerse una postura más pragmática de esta comunidad sobre dónde marcar los límites y atribuciones del Estado sobre el derecho a la información y la expresión.

Sin embargo, son las descalificaciones (como llamar “la comunidad de derecha del Software Libre” a quienes emitieron el comunicado previo) las que polarizan la discusión. Son los absolutos (como considerar que todas las protestas son coordinadas por grupos de interés, sin dejar espacio a la duda de una disidencia de la sociedad civil) los que cierran las puertas.

Pero si en algo coincido -aún si mi perspectiva no es compatible- es que las voces deben ser escuchadas. Todas. Sea el lector el mejor juez. Que no se diga que no están las dos caras de la moneda.

Agradecimientos a Rafael Rico Ríos (@rafaelricorios) por sus comentarios vía Twitter y por compartir el comunicado.

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