[contextly_sidebar id=”XXgAYpVIkHC9abKFYKE9YBXtKc3a1L9v”]Los gobiernos de Veracruz, Durango, Puebla y Sinaloa transfirieron en 2013 a cuentas bancarias no autorizadas, más de 300 millones de pesos del subsidio federal que recibieron para profesionalizar a sus policías.
Esta operación bancaria impide que se verifique cómo y en qué se gastaron los recursos, los rendimientos que generó el dinero o si hubo sobrantes.
En su análisis de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que Veracruz movió sus más de 114 millones de pesos a cuentas ajenas a la del subsidio, Puebla sus 91 millones, y Durango y Sinaloa los 62 millones que les tocó.
Por ello la ASF solicitó a cada uno de esos estados que se inicien las investigaciones administrativas correspondientes y se proceda contra los funcionarios de los consejos de seguridad o de la tesorería local que resulten involucrados. Las sanciones podrían ir desde multas para los involucrados hasta su destitución.
Veracruz, Sinaloa y Durango son estados en donde los policías locales, además de combatir a la delincuencia común, tienen el reto de hacer frente a grupos del crimen organizado, como el Cártel de Sinaloa o Los Zetas. Puebla, por su parte, ha sido identificado por la Procuraduría General de la República como punto importante de robos a transportes y de hidrocarburos.
Los más de 300 millones de pesos que estas entidades desviaron a otras cuentas, tienen como objetivo capacitar a los agentes, aplicar mejores exámenes de control de confianza, y contribuir a la compra de uniformes y equipos.
Pero esta anomalía no fue la única que los auditores descubrieron en el uso de los 2 mil 500 millones de pesos del subsidio para la Policía Acreditable, que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública repartió en 2013 a todos los estados. Por lo menos hay irregularidades en el gasto de la quinta parte de todo el dinero.
La Auditoría solicitó a nivel nacional que se iniciaran 22 procedimientos en contra de funcionarios involucrados.
Los casos van desde el movimiento no autorizado de los recursos, hasta la no devolución de los intereses que generaron, o su utilización para comprar camionetas o pagar impuestos.
La Auditoría alertó que existen 226 millones de pesos del subsidio que los estados gastaron, sin que haya documentos como facturas o recibos, que respalde en que se usaron. En proporción es casi el 15 por ciento del total del gasto que se hizo.
Casi ningún estado se salva de esta situación pero la mayor opacidad está en Veracruz el cual, según la auditoría financiera, no comprobó pagos por más de 38 millones de pesos. Le siguió Nayarit con 20 millones 842 mil pesos sin comprobar, y Coahuila con 17 millones 544 mil pesos.
Del “guardadito” a las camionetas
Los auditores detectaron que 20 estados no entregaron a la Tesorería de la Federación más de 6 millones 700 mil pesos que se generaron por intereses a favor en las cuentas bancarias del subsidio. El mayor “guardadito” lo hizo Jalisco que se quedó con casi un millón 300 mil pesos, seguido de Nuevo León y Chiapas.
Otra irregularidad distinta ocurrió en Querétaro cuyo gobierno apartó de su subsidio poco más de 3 millones de pesos que usó para pagar impuestos estatales, lo que viola los lineamientos de uso de este recurso ya que solo puede ser usado para fortalecer a los cuerpos policiales.
En Quintana Roo, los auditores detectaron que el gobierno utilizó 7 millones 600 mil pesos para la compra de 16 camionetas modelo Colorado de seis cilindros, lo que también es ajeno a los objetivos del subsidio.
La Auditoría reveló que Michoacán traspasó de la cuenta bancaria del subsidio a otra distinta 50 millones de pesos bajo promesa de pago, y que luego ese dinero fue canalizado a terceros. El 2013 terminó sin que ese dinero hubiera sido repuesto.
Por estas irregularidades los auditores solicitaron a los estados involucrados que se abran las investigaciones administrativas que correspondan y se sancione a los funcionarios involucrados.
El análisis de los auditores a la aplicación del subsidio para la Policía Acreditable arrojó 48 recomendaciones, 22 procedimientos de responsabilidad, y 33 pliegos de observaciones dirigidos a los estados y al propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad que es el responsable de entregar el dinero y supervisar que se use para lo que es.
